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martes, 13 de noviembre de 2012

Temas para una serena y argumentada discusión…


Una imagen histórica, el 9 de noviembre  de
1989 el mundo celebró los 23 años de la
caída del oprobioso muro de Berlín, que
fue apoyado por el comunismo chileno
y nos mantiene en el país a la viuda del criminal
Honecker, que descaradamente participa en
la política interna.


El Presidente Sebastián Piñera designó a
nuevos Subsecretarios, Intendentes y
Gobernadores, a los que dijo que “tenemos
esta enorme responsabilidad, no solamente
de gobernar y hacer las cosas bien, también
tenemos que estar más cerca de la gente,
con más humildad, más tiempo, más capacidad
de escuchar y de dialogar”.





¿Podemos hacer que la gente vote más?,
por Eugenio Guzmán.


Responder esta pregunta no es fácil. A primera vista, resulta muy seductora la idea de que, cuando los costos de votar son mayores que los beneficios, la gente no vota. Ciertamente, es una muy buena explicación, sólo que requiere ser determinada; es decir, identificar qué contenidos tienen esos costos y beneficios. El desafío consiste en responder por qué las cosas ocurren de este modo.



Por otra parte, es interesante ver qué países con altos niveles de desarrollo y voto voluntario, tales como Suecia, Suiza, Estados Unidos, Francia y Alemania, entre muchos otros, presentan algunas diferencias notables. A modo de ejemplo, Suecia tenía niveles de participación cercanos al 82% en 2010 en elecciones Parlamentarias y 81,5% en Municipales. Por su parte, Suiza tiene niveles de entre el 40% y 44%, según se trate de elecciones Parlamentarias o Municipales (el ejemplo resulta interesante, por cuanto en las elecciones locales hay mayor participación que en las elecciones nacionales). Sin embargo, no es el caso para todos los restantes países mencionados.



Desde otra vertiente, la evidencia para distintos países, que incluye más de 1.500 elecciones (ver IDEA), muestra que el porcentaje de participación medido en relación con el número de inscritos viene disminuyendo dramáticamente en elecciones Parlamentarias desde 1946 (cerca de 30 puntos porcentuales). No obstante, al analizar la participación en relación con la población en edad de votar, dicho porcentaje se ha mantenido prácticamente inalterado, en torno al 60% en 60 años.



Existe bastante evidencia de que al menos dos factores parecen explicar la menor participación. Primero, el hecho de ser joven y que mientras más se posterga la incorporación al proceso político de votación menos probable será votar en sucesivas elecciones. Y segundo, cuando una elección es percibida como definida de antemano, como sucede cuando hay un candidato muy fuerte y otro (s) muy débil, existen menos incentivos para ir a las urnas y, al mismo tiempo, el candidato fuerte tiene también menos incentivos para invertir recursos en su campaña.



En el caso de nuestro país, desafortunadamente aún no tenemos cifras oficiales del nivel de participación, y lo que se presenta en el Servel, como es usual, es engorroso de analizar y demanda tiempo y recursos para hacerlo (formatos pdf, Comuna por Comuna, etc.).



Ahora bien, en el caso de las elecciones de 2012, se pueden observar algunas tendencias internacionales. Primero, son elecciones que atraen menor interés (ha sido así desde 1992). Segundo, los jóvenes al parecer votaron en menor medida, a juzgar por los resultados preliminares de mesas nuevas; sin embargo, aún no tenemos certeza al respecto. Tercero, es probable que las Comunas con candidatos incumbentes ejercieran menor interés de parte de sus adherentes y de los candidatos de desplegar mayor trabajo en terreno: el resultado parecía “claro”. Cuarto, el cambio, desde un sistema obligatorio en que antes quienes votaban una vez quedaban inscritos para siempre, a otro voluntario, generaba un ambiente poco propicio para ir a sufragar; “por fin” muchos se liberaban de esta carga. Quinto, como ha señalado Axel Buchheister, el haber construido un padrón sólo atendiendo a la información del Registro Civil, sin otros mecanismos que aseguraran la verificación de domicilios, mantuvo los mismos problemas del anterior padrón, como el que gente que vivía en una Comuna debía trasladarse a otra para votar. Sexto, si a esto sumamos la percepción de que ir a votar tomaría horas y horas de filas, es evidente que los incentivos para sufragar fueron menores.



En estos momentos se ha planteado la idea de incorporar sistemas electrónicos o vía web para votar. Hace ya 15 años me tocó abordar el tema en un documento de Libertad y Desarrollo. La acogida en ese momento del Gobierno y del Ministerio del Interior fue bastante positiva; no obstante, las instituciones a cargo de activar el tema no fueron receptivas. Hoy, cuando existe mayor consenso, es probable que se avance más al respecto. Sólo que lo importante es aprender de otras experiencias y que la evaluación del cambio sea lo más rigurosa posible. En todo caso, cualquier modernización al respecto no debe ser entendida como un sustituto de los problemas de fondo; esto es, de la activa participación de partidos y candidatos para motivar a sus electores.



Reforma procesal civil: una alternativa viable,
por Pablo Rodríguez Grez,
(Decano Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo)


El proyecto del nuevo Código Procesal Civil ha suscitado, con justificadas razones, múltiples aprensiones. Si bien se trata de un derecho adjetivo, puesto que está destinado a establecer los medios a través de los cuales se hace efectivo un derecho sustantivo, su importancia en la vida jurídica es determinante. No olvidemos, por otra parte, que la Constitución Política de la República dispone que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y que corresponde al legislador consagrar siempre las garantías de un proceso racional y justo.



El proyecto en actual tramitación, inspirado en un modelo de código tipo elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, sufre de graves inconsistencias e introduce reformas que no se avienen con nuestra realidad. Desde luego, acusa la intención de transferir al procedimiento civil los principios que orientan el procedimiento penal (particularmente la inmediación y la oralidad), sin atender a las profundas diferencias que se advierten entre uno y otro; desplaza al "impulso procesal" -que corresponde a las partes- al tribunal, debiendo éste velar por la continuidad de su curso; altera la "carga de la prueba" que puede distribuir el juez a su arbitrio; dispone la ejecución provisional de las sentencias de condena (susceptibles de revocarse en instancia de revisión); reemplaza el recurso de casación de que dispone la Corte Suprema, eliminando su misión esencial (interpretar las leyes); recarga brutalmente las tareas del juez al imponerle una multitud de obligaciones; etcétera. Pero, sin duda, lo más significativo es su inviabilidad en el contexto actual. Piénsese que hay sólo 224 tribunales civiles en el país para atender un ingreso de 2.063.804 causas (cifra correspondiente al año 2011). Cualquier comentario resulta vano.



¿Existe alguna alternativa viable? A nuestro juicio, bastarían no más de 10 reformas, unidas a una razonable inversión de recursos, para lograr la efectiva modernización de la justicia civil.



En primer lugar, desahogar a los tribunales de toda gestión administrativa, a fin de que se aboquen exclusivamente al ejercicio de la jurisdicción. Sobre este punto parece haber acuerdo en la necesidad de desplazar los llamados "juicios ejecutivos" a fiscalías de cobranza u oficiales de ejecución, financiados por los interesados, sin perjuicio de resolver aquello que sí corresponda a una disputa de relevancia jurídica. De este modo, se eliminaría, por lo menos, un 85% del ingreso anual, haciendo factible el trabajo judicial.



En segundo lugar, reducir los procedimientos a no más de tres, evitando la proliferación de juicios especiales.



En tercer lugar, fijar plazos perentorios al tribunal para dictar ciertas resoluciones, tales como la recepción de la causa a prueba, decretar medidas para mejor resolver, fallar incidentes y dictar sentencia. Son estas cuestiones las que, en la mayor parte de los casos, retardan la marcha del litigio y facilitan el ánimo dilatorio de las partes.



En cuarto lugar, hacer cumplir rigurosamente lo previsto en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, obligando al juez proponer bases de conciliación para lograr un arreglo.



En quinto lugar, disponer que los abogados que participan como "colaboradores de la justicia" en el ejercicio de la potestad jurisdiccional rindan un examen de suficiencia para asegurarse de que cuentan con las habilidades y destrezas necesarias.



En sexto lugar, asignar a la Corte Suprema la facultad de abocarse a aquellas causas que, atendida su importancia jurídica, permitan fijar los criterios que orienten la recta interpretación de las leyes (certiorari).



En séptimo lugar, atendido el desarrollo científico y tecnológico y las constantes modificaciones legales, instituir un plan de capacitación permanente para los jueces.



En octavo lugar, reforzar a cada tribunal cuando el ingreso de causas exceda ciertos límites para evitar que ello obstruya su funcionamiento.



En noveno lugar, introducir un procedimiento general de admisibilidad que evite las demandas temerarias, aventuradas o destinadas a generar presiones indebidas, como ocurre hoy en día.



En décimo lugar, realizar algunas reformas menores (como estimular las convenciones probatorias, imponer la obligación de acompañar todos los documentos junto a la demanda, instar en la audiencia de conciliación, si no hay avenimiento, a que se fijen los hechos sustanciales, incorporar los adelantos tecnológicos, etcétera).



Nuestra proposición permitiría modernizar el procedimiento, sin alterar los lineamientos conocidos, sin obnubilarse con las corrientes en boga y, sobre todo, asumiendo un costo razonable.



La caída del Muro de Berlín.


Casi todos hemos escuchado alguna vez hablar del “muro del oprobio”, o muro de Berlín, con el que la tiranía comunista de Alemania Oriental, Republica “Democrática Alemana” mantuvo a los alemanes del este secuestrados para que no huyeran a la libertad ni pudiesen buscar en occidente mejores condiciones de vida.


Durante la noche del 12 y amanecer del 13 agosto de 1961 se da inicio a la construcción del muro de la infamia, de más de 260 kilómetros de extensión,  con la que el régimen comunista separó a miles de familias e impidió que los alemanes que tuvieron la desgracia de quedar bajo su poder emigraran durante 28 años.


Ante la presión ciudadana, cansada de la tiranía, la corrupción y la miseria, tuvo que renunciar al sanguinario dictador Erich Honecker, que fue reemplazado por Egon Krenz el 18 de octubre de 1989, el 9 de noviembre una masa ciudadana obligó a abrir las puertas sin que la dictadura se atreviera a usar de la fuerza bruta.


Como resultado del muro, que contaba con cacetas de vigilancia, ametralladoras con censores de movimiento, campos minados, guardias con perros asesinos, unos 300 alemanes perdieron la vida, centenares quedaron heridos y miles fueron llevados a los calabozos de la sangrienta Stasi, donde fueron salvajemente torturados.



Quizás uno de los datos que desenmascara la brutalidad del avasallamiento al que fueron sometidos los alemanes orientales es la cifra de agentes con que funcionaba la Stazi, tenía 91 mil empleados de tiempo completo y un staff de más de 180 mil soplones que espiaban permanentemente a ese sufrido pueblo.



Sin duda para el mundo una fecha para recordar con alborozo, para Chile, cuyo partido comunista apoyó el oprobioso “cerrojo” que impedía a los alemanes salir de un país que no les brindaba posibilidades, tuvo un resultado desagradable, la concertación concedió refugio el genocida y hasta hoy su viuda interviene en la política local.



Biministro de Vivienda y Bienes Nacionales.


El nombramiento del titular de Vivienda y Urbanismo en calidad de Biministro a cargo también de Bienes Nacionales debería ir más allá de una fórmula transitoria y personalizada, y concluir en la pronta fusión de ambas carteras. Incluso podría servir de punto de partida de la tantas veces prometida reforma de la profusa y anacrónica institucionalidad Ministerial. Hasta ahora ha ocurrido exactamente lo contrario: se han aumentado significativamente los Ministerios y hay presión para crear adicionales para el deporte, la pesca, el comercio exterior y otras especialidades que no los justifican.



El manejo centralizado bajo un solo Ministro de los programas de vivienda y territoriales es razonable: podría facilitar la aplicación de las políticas y la ejecución de gestiones combinadas que resultan del destino de inmuebles Fiscales para viviendas sociales. También serviría para agilizar las increíbles demoras burocráticas para el otorgamiento de servidumbres para transmisión eléctrica y para muchos otros actos de disposición de activos Fiscales, sean prescindibles o para fines públicos.



La sola dependencia bajo un mismo titular de dos reparticiones que siguen funcionando separadamente es siempre reversible, no aporta la plenitud de las sinergias y subsiste la mayoría de las duplicaciones de funciones, la redundancia de trámites innecesarios y algunos obstáculos sectoriales a las políticas públicas.



Reiteradamente se ha recurrido al nombramiento de Bi e incluso Triministros, y han surgido planes y expectativas para una modernización del Estado que reduzca sustancialmente el número de Ministerios. Ese proceso supone su fusión y la creación de nuevas Subsecretarías (en este caso, una de ciudad y otra para la gestión de los inmuebles Fiscales) en una misma cartera. Tales proyectos quedaron como medidas programáticas frustradas, probablemente por indecisión y resistencia de grupos de interés. En el pasado, varios Ministerios surgieron por presiones de partidos para la conformación de coaliciones de Gobierno.



La proliferación de Ministros dificulta su interacción con el Jefe de Estado, agrava las asimetrías entre ellos, debilita al Gabinete como instancia asesora y ejecutora de la agenda Presidencial, establece superposiciones innecesarias que restan agilidad a las gestiones Ministeriales y crea obstáculos y gastos redundantes para el servicio público. La decisión del Presidente Piñera de poner bajo el mando del Ministro de Vivienda el Ministerio de Bienes Nacionales es acertada y tendría el mayor sentido si se avanza a la fusión de ambas carteras, iniciando desde ya las medidas conducentes a ese fin.



Propuesta sobre precios en contratos de Isapres.
  

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio luz verde a la idea de establecer un IPC de la Salud (que calcularía el INE), pero rechazó la indicación del Ejecutivo para establecer cuatro tramos de edad para diferenciar los cobros a los afiliados a las Isapres. Este rechazo es una evidencia más de las serias dificultades que ha encontrado el proyecto oficial de reforma global a las Isapres. Ello es lamentable, pues amenaza con mantener operando el cuestionado sistema privado de salud según su estructura actual, limitado desde 2010 por fuertes trabas judiciales al rango de tarifas que puede aplicar, y sin avanzar en la reforma más profunda que éste requiere.



Es abismante la diferencia entre el nivel de eficiencia y calidad de la atención que enfrenta la población chilena al acceder a servicios de múltiples industrias tecnológicamente tanto o más complejas que la salud, cuando el servicio es provisto en forma competitiva por empresas privadas operando en un mercado libre, y la rigidez, burocracia e ineficiencia con que debe enfrentarse en cuanto usuaria de nuestro sistema público de salud.



La forma de obtener un mejor servicio de salud, para aquellos segmentos de la población chilena con ingresos elevados en relación a sus necesidades percibidas en materia de salud, es la afiliación a las Isapres. Las malas regulaciones, sin embargo, hacen que el seguro ofrecido por dichas entidades privadas tenga fuertes limitaciones, entre ellas, que se hace más caro para quienes van representando un mayor riesgo de salud, hasta hacer prohibitivo el traspaso a otra Isapre para quien desarrolla una patología costosa de tratar. El resultado, entonces, es doblemente indeseable: por una parte, la sensación de que quienes van a las Isapres se restan de contribuir a financiar la salud pública, lo que afectaría las finanzas públicas; asimismo, la frustración de quienes estando en el sistema privado temen sufrir un estado de salud que les dificulte mantenerse en él. Esta situación es perfectamente evitable, pues existen formas de mejorar sustancialmente la calidad de los seguros privados de salud, logrando una tarifa estable, que se mantiene ante cambios en la condición de salud y que permiten amplio espacio para la competencia entre entidades privadas, de modo de traer eficiencia, menores costos y calidad en la prestación de servicios de salud.



El proyecto de reforma del Gobierno, con una única tarifa plana para todos los afiliados a una Isapre, hecha posible por un mecanismo de compensación financiera a dichas entidades respecto de afiliados con mayores costos de salud, era un paso bien diseñado en esa dirección. Permitía pensar en seguros efectivos de largo plazo, en tarifas siguiendo con mayor objetividad la evolución de los costos de acceder a un determinado estándar de atención de salud, y en la posibilidad de moverse entre Isapres, aun después de experimentar cambios en la condición de salud.



 La indicación oficial para sustituir la tarifa plana por una diferenciada para cuatro tramos de edad introduce subsidios cruzados diferentes a los originales en la propuesta, pero es todavía consistente con la misma lógica básica. Más allá de que los valores exactos de la tarifa para cada tramo puedan ser revisados, el proyecto, que parece empantanado, debe seguir avanzando para permitir que nuestro sistema de salud evolucione hacia mayor eficiencia y para sectores cada vez más amplios de la población.



Ejemplo cívico en Ñuñoa.


La calidad de las democracias no sólo depende de las leyes que las rijan -en países formalistas como el nuestro se suele otorgar a ellas un poder casi mágico-, sino en mayor medida, de la conducta de sus dirigentes y ciudadanos. Los hábitos cívicos juegan así un rol fundamental en la estabilidad y la fortaleza de las instituciones democráticas.



Un ejemplo de esto es el notable acuerdo al que arribaron los últimos días los candidatos a Alcalde por la Comuna de Ñuñoa, Maya Fernández y Pedro Sabat, que se comprometieron a respetar el resultado que se desprenda del recuento total de votos que realizó el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. Esto es particularmente meritorio en quien, como Fernández, ya aparecía como candidata electa ante la opinión pública.



Este acuerdo tiene el enorme mérito de anteponer el interés de la Comuna y de contar con una Autoridad futura legitimada, a la natural tentación de cuestionar un resultado que puede ser, en definitiva, adverso a cada opción.



Los atrasos y deficiencias en el proceso de conteo de sufragios han sido criticados con razón. Sin embargo, la revisión de los reclamos que ha realizado el Tribunal Electoral ha sido efectuada hasta ahora  en forma acuciosa y transparente, lo que ayuda a evitar que este tipo de situaciones se conviertan en un conflicto mayor. En el caso de Ñuñoa, el Tribunal aceptó revisar 90 mesas de sufragios, pero un acuerdo de los representantes de ambas candidaturas redujo esta cantidad a 29. El resultado dio, en definitiva, como candidato electo a Sabat por estrecho margen (13 votos), pero esto deberá ser ratificado por el Tribunal Electoral la próxima semana y el PS evalúa recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones.



Cabe esperar que la actitud de civilidad y respeto que han mostrado ambos candidatos sea replicada por sus respectivos partidos.



Por qué protestan los argentinos.


Las manifestaciones respondieron a un llamado a través de las redes sociales, con la particularidad de que detrás del mismo no estuvieron partidos políticos ni figuras opositoras emblemáticas. No obstante, ninguna concentración contraria al Gobierno de Fernández ha logrado una movilización como la ahora registrada.



¿Cuáles fueron los principales reclamos ciudadanos? Básicamente, mayor seguridad, más transparencia, mayor voluntad de lucha contra la corrupción, libertad de expresión -no sólo de prensa- y estabilidad económica. La polémica posibilidad de la re-reelección de Cristina también se hizo presente.



Hace apenas poco más de un año, la Presidenta argentina obtuvo su reelección con 54% de los votos y un nivel de popularidad que llegaba al 64%. Doce meses más tarde, Cristina Fernández registraba apenas 24%. Esa caída de 40 puntos se reflejó en las últimas manifestaciones. La ciudadanía está pidiendo cambios -y respuestas- que no llegan.



Por ejemplo, es inocultable que la delincuencia opera hoy con enorme margen de impunidad en todo el país, llegando a episodios de extrema violencia, sobre todo en la capital -asaltos y secuestros incluidos-, que incluso han sido registrados por la televisión.



Directamente ligada a ella está la corrupción, que ha llegado virtualmente a institucionalizarse, salpicando a la policía, los tribunales e incluso al Vicepresidente Boudou, vinculado al escándalo de la compra de la imprenta Ciccone. Sea que las medidas para combatirla han sido ineficaces o que ha faltado voluntad política, los argentinos sufren día a día los efectos de una corrupción que cruza transversalmente su sociedad.



El detonante: la incertidumbre económica.
Con todo, los flagelos anteriores quizá no habrían bastado para detonar el estallido de descontento a que se asiste, si a ellos no se sumara la angustia creciente por la manera como el Gobierno ha manejado la economía. Actualmente, Argentina carece de un Banco Central realmente autónomo, y el que muy pocos crean en las estadísticas oficiales, así como el restrictivo manejo del dólar, ha revivido los peores recuerdos de los argentinos, que históricamente han buscado refugio en esta divisa ante la menor señal de inflación.



Las actuales trabas a la compra de dólares no sólo afectan a quienes quieren viajar al extranjero o comprar a través de internet. En los últimos meses han impactado directamente al corazón de la economía. La confianza de los inversionistas extranjeros está en su nivel más bajo, e importantes franquicias han preferido cerrar sus operaciones en el país. Las trabas para operar con divisas, sumadas al fantasma de expropiaciones como la que este año afectó a Repsol, están originando una verdadera estampida de aquéllas.



El Gobierno asegura que no tiene planes de devaluar la moneda, medida que muchos economistas consideran urgente e inevitable.



Por cierto, esa decisión afectaría negativamente a las numerosas inversiones chilenas transandinas, que se han transformado allí en importantes generadoras de empleo. (Como contrapartida, quizás abarataría ciertos productos agrícolas que Chile importa de Argentina).



Lo anterior no alcanza sólo a las empresas, sino también a las personas. Entre otros, entraba la compra de artículos de primera necesidad, como insumos médicos, ocasionando desabastecimiento en hospitales. Y quienes requieren importar medicamentos específicos para tratar sus enfermedades se han visto impedidos de hacerlo, y acusan que las versiones fabricadas en Argentina no tienen la misma bioefectividad, lo que pondría en riesgo su salud.



El manejo económico también tiene consecuencias allende las fronteras: la retención de la fragata "Libertad" en Ghana, por una acción judicial de acreedores estadounidenses, es elocuente y afecta la imagen del país, al tiempo que enturbia la relación con las Fuerzas Armadas.



¿Podrá cambiar el estilo del Gobierno?
El kirchnerismo impuso desde el comienzo un estilo de Gobernar caracterizado por el personalismo Presidencial y la debilidad de sus Ministros e instituciones públicas, así como una total resistencia a interactuar con medios de comunicación no oficialistas. Ahora, el "cristinismo" ha ido aún más lejos, llevando su pugna con la prensa a una guerra sin cuartel, en la que detrás de cualquier crítica siente que se incuba alguna conspiración contra el Ejecutivo.



Otra constante ha sido la de manejar el país con la mirada fija en las encuestas y no en consideraciones técnicas. Pero los numerosos bonos, subsidios y regalías con los cuales la Casa Rosada ha buscado resolver las demandas de la ciudadanía han resultado insuficientes, pues no pueden suplir los frutos de una economía sana y vigorosa.



Por momentos da la impresión de que el Gobierno de Cristina quiere estar en todos los temas, pero sin el resto de los actores nacionales. La falta de inversión en sectores clave, como el energético, por ejemplo, explica apagones caóticos, como el de la semana pasada. Las otras facciones del peronismo operan casi como si fueran un partido diferente. Los sindicatos -base histórica del peronismo- están "en pie de guerra". Y a nivel internacional el país aparece aislado y carente de credibilidad.



Es urgente que Cristina y su "círculo de hierro" reorienten su foco político y económico, ya que gastar tiempo y recursos en buscar presuntos complots -sobre todo con una oposición anquilosada- sólo causará mayor frustración y erosión institucional. Argentina ha visto reiteradamente en el pasado, lejano y cercano, qué ocurre cuando la paciencia de sus ciudadanos se acaba.



Nueva etapa para China y el mundo.


En medio del proceso de renovación de las más altas Autoridades políticas chinas, el viernes “La Segunda” publicó una entrevista al Viceministro Zhang Kunsheng, encargado de las relaciones de la segunda potencia mundial con América Latina. Junto con destacar allí la actitud pionera de Chile en establecer relaciones Diplomáticas con su Gobierno y luego en negociar un tratado de libre comercio que ha convertido a China en el principal destino del cobre chileno y, más aún, en nuestro primer socio comercial, el Viceministro augura una fuerte alza en el actual intercambio y su ampliación a aspectos como los culturales, en los que manifiesta una especial admiración por la tradición nacional.



Según datos de la Cancillería, ese intercambio representaba ya en 2010 el 20% del total efectuado por el país, y el año pasado alcanzó a US$ 31 mil 297 millones; a su vez, en comparación a los datos de 2009, ha habido un aumento del 42,18% en las exportaciones, con un ritmo de alza del 7,67% anual. A juicio del Viceministro, para la nueva generación de dirigentes resulta ya esencial dar continuidad a la labor en tal sentido de los últimos 30 años, y se nos abren nuevas posibilidades tras la propuesta en la CEPAL del Premier Wen Jiabao de un foro de cooperación con Latinoamérica y otras regiones, y un crédito especial para infraestructura e innovación científica y tecnológica.



Esa realidad, sumada a las dudas sobre una desaceleración del crecimiento en la economía china y de un cambio de orientación hacia el desarrollo del consumo interno e incluso de eventuales reformas políticas, hacen más trascendentes las decisiones que ahora se están tomando allí y lo que traerá el ascenso de la llamada «quinta generación» de dirigentes de la inmensa nación comunista. La advertencia del Presidente Hu Jintao al inaugurar el XVIII Congreso del partido sobre la amenaza de la corrupción, y la tensiones entre los «príncipes», herederos de las principales figuras de la revolución (como con el expulsado Bo Xilai, y con los nuevos líderes surgidos desde la base popular), son problemas complejos para el liderazgo colectivo de la cúpula Gobernante y para el próximo Presidente Xi Jinping, y de difícil diagnóstico desde el exterior, por la opacidad del sistema. Pero lo que allí ocurre afectará, para bien o para mal, no sólo a su población, sino al resto del mundo.



En estos mismos días, Estados Unidos ha renovado la Presidencia de Barack Obama con mecanismos que pueden merecer más de alguna crítica (como el peso del dinero en las campañas o las características del sistema indirecto), pero que son genuinamente democráticos, y han sido conocidos al detalle por quien quiera hacerlo. Sin embargo, ambas potencias, con todas sus diferencias doctrinarias y políticas, deberán entenderse para su propio bien y el de la comunidad internacional. Desde su papel en el Consejo de Seguridad de la ONU (con situaciones dramáticas, como las de Siria o Irán) hasta la participación real de otros actores, como la Comunidad Europea o las naciones emergentes, los desafíos que afectan a la paz y a los derechos fundamentales requieren un entendimiento serio y eficacia. Así, para países como el nuestro, que han seguido con expectación los procesos políticos internos de ambas naciones, su relevancia va mucho más allá de las personalidades en pugna o de los meros intereses económicos en juego.



Cartas para la reflexión.



Señor Director:



Girardi y la meningitis.



¿Con qué criterio el Senador Guido Girardi pontifica sobre la estrategia que el Ministerio de Salud debiera utilizar para enfrentar el aumento de casos de meningitis?



Somos varios los que no olvidamos que en 2009 el Parlamentario alarmó a toda la ciudadanía advirtiendo que morirían 100 mil chilenos por la gripe porcina, lo que afortunadamente estuvo muy lejos de ocurrir. Lo lamentable fue que las Autoridades de la época creyeron sus palabras y compraron millones de dosis de vacunas que terminaron en el tacho de la basura tras no ser usadas.



Hay veces en que el silencio aporta mucho más que un mal consejo.



Mauricio Gil S.



Señor Director:



Transparencia en los Municipios.



Las Autoridades Comunales electas deben saber que en relación con la transparencia de su gestión hay mucho trabajo por hacer.



La última evaluación de transparencia activa realizada por el Consejo para la Transparencia registró el ámbito Municipal en la posición más desmerecida de todos los obligados por la ley: las Municipalidades logran un 30,26% de cumplimiento, las universidades un 76,54%, los hospitales autónomos un 84,59% y la Administración central, 95,24%.



La transparencia activa es un acuerdo país plasmado en ley sobre la cuenta mínima de información que deben cumplir las instituciones. Es la herramienta que empodera a la ciudadanía para fiscalizar permanentemente, pero también es un instrumento de función pública que permite a Alcaldes ejercer de cara a sus electores.



Los Alcaldes son responsables del cumplimiento de esta exigencia de transparencia en el ámbito local, y pueden responder incluso con su patrimonio por no respetar el mandato legal de acceso a la información. Ya ha sucedido en el caso de siete ediles que han sido sancionados con multas de 20% a 40% de su sueldo.



La otra cara de la moneda son los cinco Municipios que obtuvieron un 100% de cumplimiento, demostrando que es una meta posible y cuyo principal requisito es la voluntad de la Autoridad. Este selecto grupo lo forman Comunas con diversas realidades. Las nuevas Autoridades y las reelectas deben saber que la transparencia es un elemento para un buen comienzo.



Raúl Ferrada C.


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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

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Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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