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jueves, 18 de octubre de 2012

Temas para una serena y argumentada discusión…







Los sobreprecios de las izquierdas,
por Gonzalo Rojas Sánchez.


A nadie le gusta que se paguen sobreprecios. Y mucho menos que sea con el dinero propio. Da lo mismo que suceda en un Gobierno de la Alianza o que haya pasado muchas veces antes en los de la izquierda concertacionista (¿cómo olvidar el caso de las aulas tecnológicas vinculado a Ricardo Lagos?).



La sensación que el ciudadano y contribuyente experimenta en esos casos es de profunda frustración: sus dineros, teóricamente destinados al bien común, han sido malgastados, quizás fraudulentamente.



Es curioso, eso sí, que no se sienta la misma preocupación por el voto, que habitualmente se marca en las papeletas sin drama, como si nada. Y no debiera ser así, porque si bien la rayita indicada junto al nombre del candidato no afecta directamente al propio bolsillo, los chilenos podríamos tener muy claro, a estas alturas de nuestro ejercicio democrático, que votar por ciertos postulantes es simplemente botar la plata, botar los bienes, pagar carísimo.



Pero, ¿se atreverá algún candidato aliancista a la Presidencia a cuantificar el despilfarro que podría significar un nuevo Gobierno de la Concertación, o de las otras izquierdas, sean las que sean?



Si se animara, ciertamente tendría que hacerse cargo de dimensionar los sobreprecios que los chilenos pagaríamos en ese caso. Y tendría que descubrir tanto los costos visibles como los intangibles.



De estos últimos, habría que referirse al sobreprecio inconmensurable que una nueva Presidencia concertacionista pagaría, por cierto, al Partido Comunista.



Con tal de sumar su pequeño caudal de votos, no cabe duda de que en secreto la candidata aquella comprometería algún Ministerio (¿Bienes Nacionales, Energía?) y un par de Subsecretarías. El costo de esos votos significaría, por lo tanto, una enorme pérdida patrimonial para todos los chilenos, porque un PC de vuelta a las tareas dentro de un Gobierno democrático sería la institucionalización de la hipocresía, o sea, el acta de defunción de la democracia en el país. Mayor sobreprecio, imposible.



Intangible sería también el costo que la sociedad chilena pagaría si la Concertación volviese a conducir las políticas sociales. Si la actuación del presente Gobierno ha sido errática en estos temas, la antigua Presidente o el joven alternativo se apoyarían con soltura, en 2014, en todos los despropósitos aliancistas en materias de educación, salud, familia y costumbres, para concretar medidas que terminarían por destrozar la libertad de enseñanza, la protección de la vida, la unidad familiar y la sanidad ambiental. Siempre se nos dice que no va a ser así, pero casi siempre todo resulta incluso peor que lo profetizado.



Otros costos podrían medirse mejor en números, porque no cabe duda de que, a pesar de todos sus fracasos, la izquierda insistiría en un gigantesco Estado de Bienestar, de esos que han generado profundos malestares en tres cuartas partes de Europa. Para estos efectos, la dramática experiencia española, tantas veces utilizada ejemplarmente por la Concertación, no existiría.



En ciertos aspectos, el desafío que vivió Chile fue distinto hace 40 años, porque más que los números, importaban las ideas. Hoy, quizás unas cifras bien analizadas permitan comprender la importancia de las ideas y nos recuerden que todo progreso verdadero tiene unos legítimos rangos de costos y de precios.



Pero esas mismas cifras sociales y económicas podrían hacernos comprender que el "progresismo" -ideología y praxis de las izquierdas- exige siempre unos sobreprecios inaceptables para todos los bolsillos. No solamente es muy caro: es la bancarrota, en todo sentido.



Los silencios de Bachelet
por Patricio Dussaillant.


Mutis, vino y se fue. Menos mal que la madre de la candidata había explicado su silencio, diciendo que “por norma de las organizaciones internacionales ella no puede referirse a la política contingente del país de origen”.



Curioso silencio contractual, que algún resquicio debe tener, ya que le permite expresarse por escrito, por lo que, rápidamente, su epistolario ha ido creciendo. Y también le permite el lenguaje no verbal en la campaña Municipal, apoyando candidatos a través de sus fotos y con la participación, en diversas proclamaciones, de sus únicas representantes calificadas.



Algunos creemos que “el silencio no es rentable”, salvo contadísimas excepciones. Cuando no se habla, alguien lo hace por uno. Esto no siempre será de nuestro agrado; complica construir la imagen deseada y permite que otros fijen los temas, definan el encuadre del debate, sus ángulos y la interpretación de los hechos.



Pero el problema del silencio -además del peligro que otros hablen por uno-, radica también en que hablan los hechos; las anécdotas y los errores. Inevitablemente, la historia reciente tiene cosas que decir.



Tarde o temprano (le convendría más temprano) hablarán las protestas de los pingüinos con 800 mil estudiantes en paro y más de 100 colegios tomados; su “cartillazo” a los Ministros exigiéndoles “un Gobierno que se anticipe a los problemas, no que reaccione ante ellos”; las casas “Chubi”; las viviendas sin reconstruir del terremoto en Tocopilla; el escándalo en el Registro Civil; los falsos enfermos del Hospital de Curepto; el Cenabast; los falsos exonerados que recibían beneficios del Estado.



Y la lista puede continuar, con la destitución de la Ministro de Educación por desorden administrativo; la renuncia de la Subsecretaria de las “frambuesas” y también de la Ministro de Salud por los casos de sida no notificados; las irregularidades en EFE; los honorarios pagados por Gendarmería, a ex Ministros, por supuestas asesorías; el Transantiago y, para terminar, con la falta de reacción en el terremoto y tsunami del 27/F.



Algo se dirá sobre la corrupción en Chiledeportes con su arista de facturas falsas (Publicam) y su directora removida por presentar un currículum falso, su reemplazante renunciando 36 horas después por estar vinculada al caso Spiniak y el siguiente, por no haber acreditado su enseñanza básica. Incluso lo anecdótico que, en plena discusión del Presupuesto 2010 en el Congreso, el Ministro de Hacienda fuera sorprendido trabajando en minutas  de  campaña  del  candidato  Frei.  Hasta  The  Economist -ahora tan citado por algunos-, cuestionó el rumbo de Chile y resaltaba los casos de corrupción.



Si la Concertación ha logrado opacar los resultados del Gobierno destacando y sobredimensionando hechos, anécdotas y errores, con mayor razón el vacío generado por el prolongado silencio se tendrá que llenar con la historia mencionada, más aún cuando se trata de problemas sin solucionar; casos de corrupción o graves irregularidades. Será lo natural, sin ánimo de iniciar una competencia comunicacional.



Por último, es un grave error pretender que sean la “calle” o los “movimientos sociales” quienes hablen por uno y, sobre todo, fijen su agenda programática. Esa actitud sólo contribuye a acrecentar las dudas acerca de la capacidad actual de Gobernar y liderar su “coalición”.



La falacia científica
por Daniel Mansuy.


Mientras más avanza el conocimiento, dice Rousseau, menos sabemos quién es el hombre. Con esta paradoja, el filósofo alude al problema siguiente: mal utilizada, la ciencia puede estorbar más que facilitar el conocimiento de lo humano.



La frase se me viene a la mente luego de pasar días escuchando a los activistas de la causa homosexual buscando cerrar toda discusión, e incluso impedir la exposición de puntos de vista distintos, con la ayuda de estudios científicos y estadísticas varias.



La ciencia habló, afirman, y no hay nada más que discutir sobre el asunto (olvidando de paso que lo propio de toda teoría científica es justamente su carácter refutable). Con todo, la argumentación es persuasiva, pues el prestigio del que goza la ciencia en las sociedades modernas sólo es comparable al que pudo haber tenido la religión en épocas anteriores. Y de hecho es difícil no confiar en este nuevo oráculo, que dice buscar la verdad sin dogmatismos. Pero, ¿cumple la ciencia en su acepción actual todas sus promesas? ¿Nos permite acceder a la verdad con asepsia y veracidad? Nada es menos seguro y, justamente, por aquí iban los temores de Rousseau. Cuando la actitud científica pretende erigirse en vía exclusiva para conocer, excluyendo otras consideraciones, puede terminar siendo tan dogmática como sus predecesoras. Esto, por una razón muy simple: no existe algo así como la neutralidad científica, en parte porque los científicos no son ángeles, y en parte porque la ciencia no es autoexplicativa. En rigor, la ciencia no es capaz de responder las preguntas que más nos importan, porque están fuera de su horizonte. La ciencia siempre parte de supuestos teóricos que no pueden demostrarse siguiendo el método científico, y por eso Nietzsche podía decir que detrás de toda ciencia hay un acto de fe. Es imposible, por ejemplo, determinar científicamente si acaso la homosexualidad es o no una enfermedad, porque ni siquiera la definición de enfermedad es meramente científica. Esto no convierte la cuestión en pura arbitrariedad, pero nos abre necesariamente a interrogaciones filosóficas que no podemos eludir. Hay muy buenas razones para pensar que la homosexualidad no es una enfermedad, pero ninguna de ellas es estrictamente “científica”. La manera correcta de argumentarlo no es blandiendo estudios y papers, sino asumiendo con honestidad que dicha posición implica supuestos filosóficos que no son neutros. Escudarse en la supuesta neutralidad de la ciencia equivale a discutir con muletas, sin querer hacerse cargo de las nociones sustantivas que se defienden. En castellano eso se llama contrabando y, al menos en lo tocante a la deliberación pública, es más aconsejable discutir a cara descubierta.



No se trata de descartar a priori la contribución de la ciencia a la discusión pública, pero sí de conocer sus límites. Cada vez que Pablo Simonetti nos explica que no debemos discutir tal o cual problema porque una asociación de científicos ya votó sobre él hace décadas, no sólo se erige en juez acerca de qué podemos debatir, sino que también invoca un tipo de argumento -el de autoridad- del que decía querer liberarnos. La causa homosexual se merece argumentos un poco menos falaces y discusiones un poco más honestas.



Un desafío difícil y necesario.


La visita del Presidente Piñera a la zona de Ercilla, que en el último tiempo ha sido la más conflictiva de la Araucanía, muestra en toda su crudeza las dificultades que encierra la solución integral de los problemas que afectan a la Región y en especial la concreción de un nuevo trato con las comunidades indígenas que efectivamente contemple sus aspiraciones legítimas y sea compatible con el Estado de Derecho y la unidad nacional.



De partida, la coincidencia del objetivo primordial de ese viaje —el inicio formal del Area de Desarrollo Indígena (ADI) de Ercilla— con la polémica en torno a la “reforma a la reforma” del procedimiento penal, acentuada por las propias palabras del Mandatario, centró el interés mediático en este segundo tema, opacando una actividad sustancial para el futuro regional y para todo el país. Al mismo tiempo, las protestas violentas de los grupos minoritarios que intentan impedir el diálogo institucional, con los habituales lesionados y detenidos, tienden a presentar como imposible cualquier entendimiento. Y en cuanto al trabajo mismo que ahora se inicia, el texto leído en la propia ceremonia por un dirigente mapuche de izquierda y suscrito por otros integrantes de la ADI, con críticas a la oportunidad del acto, muestra que la tarea que comienza no será nada fácil.



Sin embargo, la mera circunstancia de que, en el epicentro de los más graves episodios de violencia del último año, 37 del total de 42 comunidades hayan adherido a la iniciativa del Gobierno y que las pocas que se han marginado sean precisamente aquellas donde residen o se refugian los sospechosos de hechos delictivos como el reciente incendio de la casa del lonco que Preside la nueva iniciativa reafirma la voluntad pacífica de la mayoría. Que exista debate interno entre los involucrados es natural y además indispensable para contrastar las aspiraciones con las respuestas oficiales y lograr el objetivo de aterrizar ambas visiones en fórmulas eficaces y viables. Lo que sí se requiere es una disposición común a llegar a acuerdos, y eso sólo se probará en la práctica de ahora en adelante.



Es probable que algunas demandas apunten a cambios institucionales de aplicación general que requieran discusión legislativa, pero habrá otras más específicas. Para el próximo presupuesto nacional, junto a proyectos de infraestructura de interés común y también local, ya se contemplan recursos para esa zona en materia de educación, como 1.700 cupos en prekínder y kínder, y aportes a liceos politécnico e industrial, y en salud a tres hospitales y el diseño de tres más nuevos. De esa manera deberían ir acercándose las necesidades materiales tal como los mapuches las aprecian, así como la consideración de sus valores culturales (lo que implica el respeto a sus propias concepciones respecto del desarrollo y bienestar), con las políticas gubernamentales.



Pero el realismo de las soluciones no sería tal si no se encuadrara en principios como los que con toda claridad planteó ayer el Presidente al comprometerse a derrotar la violencia “con las armas de la ley”, desechar la presión de las huelgas de hambre para evitar el cumplimiento de los fallos Judiciales, colaborar activamente en los planes de desarrollo ya en marcha y tomar en cuenta, como ocurrió en reuniones sucesivas, a los distintos sectores de la vida regional. La tarea supone equilibrar factores muy diversos y supera los límites de esta administración, pero debe comenzar a concretarse y es un indudable gesto de valentía el haberse involucrado así en ello en forma personal, como él lo está haciendo, pese a los costos que eso le pueda significar.



Reformar la gestión más que la normativa.


Es menos costoso y más rápido promulgar normas eficientes para que sean administradas por instituciones ineficientes, que crear instituciones eficientes. Esto último requiere gran cantidad de trabajo especializado y cuantiosos recursos, mientras que lo primero tiene un costo fijo muy bajo y costos marginales insignificantes. Por eso, muchos países pobres cuentan con una normativa de altísimo nivel, que les permite al menos abrigar la esperanza de que alguna vez se aplicará en la realidad. Cabe temer que la discusión en torno a la "reforma de la reforma" procesal penal tenga algo de eso, pues mientras el Gobierno y la clase política insisten en una reforma legal, los conocedores del sistema en la práctica advierten incansablemente que los principales problemas no se refieren a las leyes, sino a la gestión y funcionamiento de las instituciones encargadas de aplicarlas, varias de las cuales dependen directamente del Ejecutivo, tanto en su dirección como en su presupuesto.



Al parecer, estaría ocurriendo que algunos actores del sistema -en especial los Jueces, porque les corresponde hacerlo- han comenzado a exigir estándares de trabajo más acordes con la letra y los principios inspiradores de la regulación legal. Esto implica dejar atrás una serie de distorsiones que "ahorran" esfuerzos a costa del equilibrio del sistema. Suelen citarse, como algunos ejemplos entre muchos, la admisión de gran cantidad de prueba de contexto, que sólo sirve para comprobar una "mala actitud" general del acusado; la imposición de medidas cautelares relativamente invasivas, como el arraigo, sin antecedentes que puedan considerarse como "presunciones fundadas" de participación; la casi nula importancia que se daba en el juicio al hecho de que la Fiscalía no hubiera explorado seriamente otras líneas alternativas y plausibles de investigación; la aceptación de peritajes oficiales realizados sin suficientes garantías de transparencia; la escasa prolijidad de las cadenas de custodia de la evidencia para evitar su manipulación; la tolerancia de Jueces y defensores frente a correcciones supuestamente "formales" de las acusaciones, que, de no aceptarse, llevarían al sobreseimiento de la causa; la suspensión sin fundamento legal de audiencias programadas con mucha anticipación, porque uno de los intervinientes no se había interiorizado de los antecedentes; la aceptación por Jueces y defensores de casi cualquier condición para una suspensión condicional del procedimiento, lo que permite formalizar o prolongar investigaciones, aunque se sabe que no llegarán a juicio.



Por otra parte, la principal garantía para las víctimas consiste, con mucho, en que las policías, dirigidas por la Fiscalía, realicen una investigación adecuada. La realidad muestra, sin embargo, que en Chile se investiga muy poco. La inmensa mayoría de los casos que pasan por el sistema procesal penal corresponden a delitos flagrantes, es decir, a hechos que se acababan de cometer cuando se produjo la detención y en los que ya existían indicios claros que apuntaban al detenido. Los demás delitos, salvo excepciones, no llegan a la justicia, pues no se investigan, o se investigan de un modo tan deficiente que resulta imposible presentar una acusación en forma responsable. Lo mismo vale para servicios auxiliares como el Servicio Médico Legal, donde la calidad de los informes forenses depende por completo de la persona a la que le toca evacuarlos, y donde puede ocurrir que a los instantáneamente fallecidos en un triple homicidio se les consignen fechas de defunción diferentes.



Son estos aspectos los que hay que corregir, y para eso no hay que reformar las leyes de procedimiento, sino reforzar el trabajo de las instituciones. La reforma procesal penal fue resultado de un esfuerzo intenso que se extendió al menos por siete años, lapso en el cual participaron activamente especialistas que en su mayoría gozaban de independencia respecto del sistema entonces vigente. Estos grupos interdisciplinarios consultaron a su vez a los mejores expertos disponibles no sólo en materias legales, sino también relativas a las complejas interrogantes sobre la gestión del nuevo sistema y el diseño de su institucionalidad. Esta última es la que ahora debe funcionar. Al Gobierno y al sistema político sólo les corresponde colaborar y facilitar los medios técnicos, económicos y de gestión para que puedan hacer cada vez mejor su trabajo. Ya se ha invertido mucho en la eficiencia de las instituciones como para conformarse con las solas reglas.



Los nuevos Nobel: la economía extendiendo fronteras.


La máxima distinción en economía recayó este año en los profesores Alvin Roth (U. de Harvard) y Lloyd Shapley (U. de California, Los Angeles). Como lo expresó la Real Academia de Ciencias sueca, sus investigaciones han determinado avances significativos en áreas centrales de esta disciplina: la teoría de asignación estable y el diseño práctico de las instituciones de mercado. En términos simples, la investigación de estos dos estadounidenses ha permitido comprender mejor cómo la teoría económica puede utilizarse en contextos en que la asignación de bienes y servicios no es realizable vía precios, ya sea por fallas de mercado, problemas legales o éticos.



Intuitivamente, sus investigaciones han dado claves para entender cómo los individuos se asocian con otros individuos o instituciones cuando existen los incentivos para ser estratégicos. Un clásico ejemplo es el del proceso de admisión de estudiantes a universidades: padres y estudiantes tienen preferencias por una determinada institución y, al mismo tiempo, esa institución puede tener preferencias por determinados estudiantes. Los trabajos teóricos de Shapley y los empíricos de Roth permitieron confirmar que incluso en un contexto tan complejo como este, el diseño de un sistema de admisión en el que secuencialmente se consideraran las preferencias de ambas partes podría arrojar una asignación estable y eficiente. Es interesante notar que esto tiene implicancias importantes para el sistema de acceso a la universidad utilizado en nuestro país.



Otros ejemplos de esta lógica incluyen la entrega de órganos a pacientes que necesitan trasplantes, la matrícula de estudiantes en colegios públicos, el proceso de decisión en el momento de buscar pareja y cómo opera el mercado laboral durante los procesos de selección de personal.



Un factor particularmente importante en el caso de las investigaciones de los premiados este año es su impacto en el diseño de instituciones. Los trabajos de Shapley y Roth no sólo han extendido las fronteras de las ciencias económicas, sino que también han sido inspiración para cambios significativos en las instituciones. Ejemplos de esto son los procesos de admisión empleados hoy por los colegios públicos de Boston y Nueva York, y el de selección de los recién graduados de medicina por los hospitales estadounidenses.



Como lo destacó Per Krusell, Presidente del comité que discernió el premio, el reconocimiento a los trabajos de Shapley y Roth es el mejor ejemplo de que las ciencias económicas van mucho más allá de los conceptos monetarios: pueden operar incluso cuando no es dable utilizar los precios. Con este premio, la Academia Sueca reconoce la importancia de combinar la teoría económica con el análisis empírico en ámbitos mucho más amplios que los habitualmente considerados.



Nueva institucionalidad para medición de la pobreza.


Tras la intensa polémica que se generó en torno a la última medición de pobreza que reportó la última encuesta Casen -según la cual la pobreza bajó desde 15,1% en 2009, a 14,4% en 2011-, la Cepal anunció la decisión de no continuar colaborando con el cálculo de la pobreza, como lo venía haciendo en los últimos 25 años, decisión que fundamentó en la “madurez institucional” que ha alcanzado Chile. Esta decisión, que no cabe cuestionar y debe ser asumida como una expresión de su autonomía, ha permitido reactivar la iniciativa que busca dotar al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de plena autonomía, de modo que sea este organismo el que tenga a su cargo el cálculo de la pobreza, además de continuar con el valioso trabajo estadístico que ya realiza en la determinación de otras variables relevantes para la economía.



La inconveniente discusión en torno a los resultados de la Casen provocó un innegable daño en la credibilidad de un instrumento que ha sido fundamental para la política social y que se viene aplicando desde 1987. El que por motivaciones electorales se haya puesto en duda la veracidad de los resultados -sumado a errores comunicacionales del Gobierno en la forma como dio a conocer dichos resultados- debe motivar a la urgente búsqueda de una institucionalidad que quede ajena a este tipo de contiendas políticas. Dotar de autonomía al INE -tal como ocurre con el Banco Central y con otras entidades muy relevantes para el país- parece ser una solución eficiente al problema y no se ve razón alguna para que el país no avance en esa dirección. El Gobierno anunció que con anterioridad a este episodio venía trabajando en un proyecto de ley que le entrega autonomía al Instituto. El detalle de la iniciativa aún no se conoce, pero los primeros lineamientos parecen sugerir que habrá un Consejo Nacional de Estadísticas, del cual dependerá un Director. Más allá del detalle técnico, es valorable que con una iniciativa legal concreta se pueda comenzar una discusión seria y fundada sobre el tema.



Es importante que esta nueva institucionalidad sea tramitada con la prioridad que demanda, pero a la vez con el necesario cuidado que un cambio de esta envergadura requerirá. Es una decisión del gobierno que, a partir de 2013,  la Casen sea realizada anualmente y no cada dos años, como ocurría hasta ahora. Contar con estadísticas actualizadas, que permitan medir año a año el impacto de las diversas políticas sociales, es un paso valioso y cabe persistir en su concreción. Ello, sin embargo, demandará un importante esfuerzo técnico y de recursos económicos, y en ese sentido, es trascendental que dicha institucionalidad cuente con el presupuesto y las capacidades requeridos, ya que resultaría lamentable que nuevamente el proceso de medición y sus resultados sean puestos en entredicho, especialmente considerando que el tema de la pobreza ya se advierte que será un hito en las futuras contiendas electorales.



La discusión en torno a los resultados de la Casen ha impedido apreciar el enorme progreso que el país ha experimentado en los últimos años en materia social. Es evidente que con las altas tasas de crecimiento que se han registrado y el bajo nivel de desempleo, vastos segmentos de la población han mejorado su bienestar. Uno de los riesgos de cuestionar, por motivaciones políticas, las mediciones de pobreza, radica en que se interprete equivocadamente que las políticas que se han seguido son ineficaces, lo que no se ajustaría a la realidad.



Señor Director: 



Fidel Castro.



En su crónica sobre los recuerdos de un general cubano que formaba parte del entorno militar más íntimo de Fidel Castro, él relata momentos decisivos de la crisis de los misiles. Testimonia que Fidel Castro y su hermano solicitaron formalmente a la Unión Soviética que iniciara una ofensiva nuclear contra los Estados Unidos. Plenamente conscientes, por cierto, que ello suponía la muerte de todos los cubanos y la de otros millones de seres humanos.



No pude dejar de recordarme de una situación análoga consignada en las actas del Document Center en Berlín, investigando acerca de las relaciones entre científicos alemanes y el régimen nacionalsocialista. Al ser informado de la destitución de Albert Einstein como profesor titular de la Universidad de Berlín, incluso de la privación de sus derechos ciudadanos por ser judío, el profesor Max Planck acudió de inmediato a Hitler a fin de darle a conocer su opinión: "Mi Führer, dado que los descubrimientos del profesor Einstein y sus asistentes conllevan incluso la eventual fabricación de armas nucleares, debo advertirle que ellas podrían quedar en manos extrañas. Estaríamos con esto ante el peligro de una destrucción total y un retorno a la Edad de Piedra." Luego de varias tentativas inútiles de Max Planck para hacerle cambiar de opinión, la respuesta de Hitler fue terminante: "El asunto es de mi responsabilidad y prefiero una Edad de Piedra alemana sin judíos que seguir conviviendo con ellos".



Esta monstruosidad sin límites es lo que está, en último término, detrás de ambas perversiones de lo humano. Y de la actitud de quienes, de diferentes maneras, los protegen -solidariamente- en el silencio cómplice.



PROF. DR. VÍCTOR FARÍAS, Universidad Andrés Bello.



Señor Director:



Negociaciones con las FARC.



El domingo pasado, en la aldea de Puerto Jordán, Colombia, un frente de las Farc lanzó una granada contra un puente por donde circulaban civiles. Producto del ataque murieron un niño de tres años y su padre, y otras 11 personas quedaron heridas de gravedad. Dos de los heridos, un hombre y su esposa, quedaron ciegos. Los criminales que atacaron a civiles indefensos incurrieron en delitos de lesa humanidad, como son la utilización de medios ilícitos de guerra, actos de terrorismo y actos de barbarie que infringen el Convenio de Ginebra.



Lamentablemente, como resultado del proceso de negociación de paz con las Farc que celebra el Gobierno colombiano,  crímenes de lesa humanidad como los de Puerto Jordán podrían quedar en total impunidad, pues existe una normativa legal  denominada  Marco Jurídico para la Paz,  que le permitiría al Congreso, si así lo decide, exonerar de responsabilidad penal incluso a los altos Comandantes del grupo terrorista que estén involucrados en la comisión de delitos atroces.



Al renunciar a la Justicia como precio del acuerdo para lograr la anhelada paz en Colombia, se está partiendo de falsos supuestos. Cualquier arreglo para ser exitoso tiene que asegurar Justicia para los crímenes cometidos; no existe paz duradera ni justa si el trato con las Farc presupone conceder inmunidad por delitos atroces. Tampoco es lícito ignorar los derechos fundamentales de las víctimas, conforme al derecho internacional.



Gloria Toro R.




Nota de la Redacción:


No nos encontramos en nuestro lugar  habitual de trabajo, con una conexión inalámbrica que nos está funcionando con extrema lentitud, lo que en esta edición nos ha impedido subir las foto-noticias que son corrientes   en nuestra publicación.



Por los inconvenientes que podamos provocarles a nuestros amigos y amigas, les solicitamos ser excusados, en nuestras ediciones siguientes esperamos poder dar por superados los problemas que nos impiden entregar un periódico que nos deje completamente satisfechos. 
 

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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