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El Presidente Sebastián
Piñera presentó ayer
el nuevo registro nacional de
pedófilos, desde
la entrada en vigencia de la
Ley, el 19 de
julio, se han registrado a
232 personas en
el infamante listado.
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A partir de hoy, la bencina
de 97 octanos
tendrá un alza de $2,2 por
litro, la gasolina
de 93 octanos subirá $6,5,
mientras el diesel
escalará en $ $4,7 y la
parafina trepará en
$4,3 por litro.
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miradas en el Salón de
Automóvil, cuatro
autos conceptuales con el
diseño más
moderno y la tecnología más
avanzada
estarán en exhibición hasta
el lunes 15.
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Monseñor Juan Ignacio
González, Obispo
de San Bernardo, señaló que las denuncias
por abusos sexuales en
contra del Obispo
Antonio Órdenes "nos da
mucho dolor",
pero que no hay que
"dispararle a la bandada".
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El Senador Carlos Larraín
aludió ironicamente
al Director de la encuesta CERC, Carlos
Huneeus, que dio por
ganadora a Bachelet en
las proximas
Presidenciales diciendo que
estamos próximos a un
"terremoto bacheletista",
yo diría, dijo el RN ‘’maremoto
bacheletista’’
del 27/F.
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Corte Suprema rechazó anular
juicio en caso
Bombas dejando en completa
impunidad la
colocación de decenas de
artefactos explosivos
en Santiago.
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Importante descubrimiento
realizó un equipo
de 13 astrónomos utilizando
el Observatorio
ALMA (Atacama Large
Millimeter/
submillimeter Array). Se
trata de una estructura
espiral alrededor de una
antigua estrella
gigante roja.
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estudiantil para hoy, partirá a las 18:00
horas
desde Parque Bustamante para finalizar en
Avenida Matta. Esperamos que esta vez los
convocantes muestren responsabilidad
y capacidad de conducción.
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El
velero ruso Sedov, una leyenda de los mares,
que
realiza extenso viaje por el mundo, arribará
a
Valparaíso mañana y permanecerá en Chile
durante
el fin de semana para recibir a los
visitantes.
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Seis países europeos hacen
un llamado para
Abolir la pena de muerte, se trata de
Alemania, Austria, Francia,
Italia,
Liechtenstein y Suiza. En la
actualidad, cerca
de 50 naciones aplican este
castigo.
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Primer Ministro italiano,
Mario Monti,
anunció recorte al impuesto
a personas
de más bajos ingresos,
señalando que
la rebaja de impuestos
muestra que las
dolorosas medidas de austeridad
aplicadas por su Gobierno ‘’comienzan
a dar resultados’’.
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para fabricar explosivos, una docena de
sospechosos que fueron detenidos en una
operación llevada a cabo el fin de semana
estarían bajo custodia otras 24 horas
tras
el descubrimiento de los químicos.
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Özel, amenazó a Siria ‘’con una respuesta
aún más fuerte’’, señalando además que
las réplicas turcas contra las fuerzas
del
régimen sirio le provocaron ‘’importantes’’
bajas.
¿Reforma de la reforma?,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Fue delicado el Ministro
de Justicia. Fue delicado, pero sugerente, cuando afirmó que "esperamos
que la formación de los jueces sea más equilibrada y no se represente siempre
una visión".
La Academia Judicial
está a cargo de esa tarea formativa. La institución se plantea esa labor como
un trabajo de suplencia, ya que considera que hay "insuficiencias que
presenta la formación universitaria para el ejercicio de la función
judicial". Pero, al mismo tiempo, concibe su misión como una tarea
proyectiva, destinada a "asumir los desafíos que plantea la judicatura
para la construcción del Estado de Derecho".
Lo primero es
discutible. ¿Han deliberado las universidades, el Ministerio de Justicia, la Academia
y el Poder Judicial sobre lo que se necesita para formar en el pregrado y en el
posgrado a un futuro buen Juez? Si lo han hecho, ¿por qué figura entonces
aquella crítica abierta en el portal de la Academia? Y si no lo han hecho, ¿por
qué el organismo formativo de los Jueces no ha logrado generar esa instancia de
imprescindible diálogo?
No parece extraño,
entonces, que surja una legítima duda sobre aquellos propósitos: esa
declaración podría ser sólo retórica, porque lo que quizás en realidad busca la
Academia en la formación de los Jueces es distanciarse de las universidades más
tradicionales, mientras de manera sutil se vincula a unas pocas nuevas
corporaciones, las que le entregan egresados disponibles para ser convertidos
en Jueces que "construyan el Estado de Derecho".
Esto último es muy
grave. ¿Qué significa? ¿Que el Estado de Derecho no existe sino por las
decisiones judiciales? ¿Que sólo quienes pasan por la Academia Judicial están
capacitados para tomar buenas decisiones sobre lo justo? Y en relación con esas
preguntas, ¿qué datos arroja la estadística sobre las universidades en que han
estudiado los nuevos Jueces?
Cuando se analiza el
programa formativo de los futuros Magistrados, queda claro el sesgo que sugiere
el Ministro de Justicia. La Academia afirma que lo importante es que, al
finalizar sus cursos, el graduado sea capaz de tomar "las decisiones
pertinentes y adecuadas (de acuerdo con la ley procesal y criterios de
oportunidad)".
Ahí está todo el
problema: si las decisiones judiciales tienen por único marco de referencia la
ley procesal y las circunstancias o criterios de oportunidad (cómo no recordar
la circular del general Prats, de enero de 1973, sobre el otorgamiento de la
fuerza pública para el cumplimiento de las sentencias judiciales), no pueden
extrañar en absoluto los errores que cometen algunos Jueces de todos los
niveles.
Porque en su programa
formativo no hay referencias a la persona humana, ni al bien o al mal -es
decir, a los sujetos a juzgar y a los criterios de fondo para fallar-, ni a los
grandes bienes llamados justicia y paz. Y mucho se habla, por cierto, de modos
de trabajar y de criterios instrumentales. Ya se sabe: formas, procedimientos,
estructuras. Pero, ¡qué distinta es la experiencia común! Porque Jueces hemos
sido todos muchas veces. Y la vida enseña que se equivoca menos el que se hace
esta decisiva pregunta: ¿Qué es lo bueno y a quién le corresponde?
Ante este dudoso panorama
en la formación de los Jueces, ¿qué hace falta? ¿Modificar la ley? ¿Una reforma
de la reforma? No. Esas serían sólo soluciones de parche, porque las decisiones
las seguirán tomando personas con una determinada carne y unos específicos
huesos.
Es el momento de un
gran acuerdo entre las universidades de más prestigio, el Poder Judicial y el
Ministerio de Justicia, para que pueda determinarse cuál es la formación
adecuada y cómo debe entregarse a las personas debidas. Y tendremos justicia
con verdad.
Investigación por
licitación en Ministerio del Interior.
Las denuncias de una
serie de irregularidades en torno a una licitación que llevó a cabo una unidad
del Ministerio del Interior para adquirir equipos de detección de drogas
ilegales constituyen un hecho particularmente grave, que exige un total y
pronto esclarecimiento. Al poner en duda los procedimientos aplicados en un
área particularmente sensible se debilita una labor que es de particular
cuidado e importancia, como el combate al narcotráfico, área donde el Gobierno
tiene un compromiso fundamental adquirido con la ciudadanía. Asimismo, se
generan dudas sobre la eficacia del Estado para actuar con transparencia y
controlar adecuadamente la probidad en sus actuaciones.
Apenas revelados los
antecedentes de que la División de Estudios del Ministerio del Interior habría
pagado un cuantioso sobreprecio en la adquisición de una serie de dispositivos
para la detección de drogas -el total de las compras fue por unos $ 1.800
millones-, el Gobierno detuvo la licitación, puso todos los antecedentes en
conocimiento de la Contraloría, y ayer presentó una querella por fraude al
Fisco y violación de secreto. La acción judicial fue precedida por la solicitud
de renuncia al Jefe de dicha división, quien había sido reclutado por el Gobierno
en una decisión que, en su momento, fue objeto de numerosos reparos, por la
forma en que se produjo. La petición de renuncia a este funcionario es una
medida correcta. Los antecedentes conocidos revelan que, a lo menos, hubo una
fuerte desprolijidad en el proceso, puesto que no se ha logrado justificar por
qué participó una sola empresa en la licitación, y al parecer tampoco se
ejercieron controles elementales para verificar si los valores ofertados
correspondían a precios de mercado. El debate sobre la exigencia de
“responsabilidades políticas” parece inconducente mientras no se esclarezcan todos
los antecedentes y se establezcan las respectivas responsabilidades, y es
correcto que el Gobierno y dirigentes políticos hayan manifestado la voluntad de
radicar la investigación en Tribunales.
También parece
delicada la acusación -sugerida por el propio Gobierno- acerca de la existencia
de un sistema supuestamente creado con el propósito de defraudar al Fisco, así
como la posibilidad de que miembros de la comisión evaluadora y funcionarios de
la PDI eventualmente hayan tenido vínculos con la empresa ganadora de la
licitación y le hayan proporcionado información privilegiada. Por todo esto,
parece oportuna la decisión de la Autoridad de auditar todas las compras que se
han efectuado a la fecha en el marco del Plan Frontera Norte, que viene
aplicándose desde mediados de 2011 y ha implicado adquisiciones por más de $
5.000 millones. El antecedente de que la empresa cuestionada ya había vendido
al Estado equipos similares -y a precios parecidos, aunque en menor volumen- en
los últimos cinco años no hace sino reforzar la necesidad de esta
investigación.
Es indispensable que
el Gobierno fiscalice y revise los procesos de licitación a los que convoca. La
existencia de un portal especializado como ChileCompra ha sido un avance para
dar transparencia y permitir licitaciones competitivas, pero ello parece no ser
suficiente para garantizar procesos plenamente transparentes.
Programa de la izquierda.
Desde que fue fundada
la Concertación, sus adversarios han venido pronosticando su inminente
disolución debido a las diferencias ideológicas y doctrinarias entre los
partidos que la conforman. Como eso no ha ocurrido, algunos de sus dirigentes
piensan que podrán seguir adelante sorteando los más variados tropiezos. No
obstante, tras la derrota política en la elección de 2009 surgieron múltiples
corrientes y opiniones que revelaban la dificultad de esos partidos para
procesar lo sucedido. La nueva irrupción de las protestas estudiantiles el año
pasado, con extendido respaldo social, aumentó la confusión, y el espectro de
reacciones concertacionistas se amplió desde quienes pensaban que debían
disculparse por la forma como gobernaron durante 20 años, hasta aquellos que
manifestaban su orgullo por la coalición política más exitosa de la historia,
que había logrado conducir al país hasta las puertas del desarrollo.
En el último tiempo,
la disgregación de opiniones parece ir finalmente convergiendo en dos
corrientes que no serán fáciles de conciliar. Una de ellas, la de la izquierda
agrupada en el pacto electoral "Por un Chile Justo", ha concluido la
preparación de su documento programático. Si bien la versión final hubo de ser
moderada para evitar un quiebre definitivo del principal partido de esa agrupación,
el PPD, los planteamientos que tienen el respaldo de los cuatro grupos
políticos que lo integran son los clásicos del estatismo de izquierda:
educación estatal, salud estatal, agua y litio en manos del Estado, nueva
Constitución elaborada en una asamblea constituyente y otras ideas similares,
muy diferentes de las que se han seguido en la vía de desarrollo que impulsó la
Concertación con resultados comparativamente exitosos. Por consiguiente, priman
en esta visión de la izquierda no pocos elementos ya probadamente fracasados en
todos los "socialismos reales".
Curiosamente, los
promotores de estas ideas -ya superadas en la mayor parte del mundo- piensan
que quien debe encabezar un gobierno tan contradictorio con los de la
Concertación debe ser la misma persona que presidió la última administración
concertacionista. Esto, pese a que, como lo han expresado muchas veces, según
ellos fue precisamente esa forma de gobernar, apegada a los equilibrios
macroeconómicos, la que provocó la derrota electoral.
Pero quienes dentro
de la Concertación piensan que es un error volver a estos planteamientos
fundamentalistas de izquierda también quieren que se postule como candidata esa
misma persona, lo que evidentemente habrá de provocar más de un problema a la
ex Presidente Bachelet cuando deba tomar la decisión de retornar a Chile a
incorporarse al debate político activo.
Es obvio que el
respaldo que ambos sectores quieren darle a la ex Gobernante debe atribuirse a
los buenos resultados que ella obtiene en las encuestas populares, y no a sus
ideas ni a que estimen que su figura sea la más adecuada para encabezar una
coalición hoy tan profundamente dividida y crispada. Ganar la elección es el
natural primer anhelo de las coaliciones políticas, pero para eso es necesario
mantener un alto grado de coherencia ante el electorado. Los dirigentes del
pacto "Por un Chile Justo" quieren ampliar la agrupación hacia la
izquierda, para sintonizar con lo que ellos estiman que representan los
movimientos sociales, pero al hacerlo aparecen renegando de parte de su propia
historia, en el caso del PPD y el PRSD, y creando dificultades inmensas para
sus socios del otro pacto, el PS y el PDC. Una vuelta a los planteamientos
estatistas de la izquierda tradicional chilena será una barrera difícil de
salvar, si no para los dirigentes y candidatos de la DC, sí para sus votantes y
simpatizantes, que podrían buscar otras opciones.
Ninguna agrupación es
inmune a las divisiones y por mucho que las predicciones sobre el fin de la
Concertación hayan fracasado en el pasado, eso no garantiza que esto no pueda
suceder en un futuro más bien cercano.
La trampa del ingreso
medio.
Desde las ventas de
autos, que crecen mes a mes a un ritmo de dos dígitos, a los siete millones de
visitas al recién estrenado Costanera Center, el boom del consumo es una
realidad en Chile. Ni la desaceleración global ni las amenazas externas han
logrado mermar el espíritu de los consumidores chilenos, incentivados por el
aumento del empleo y un alza real de los salarios. Mientras en el mundo se
reducen los pronósticos de crecimiento económico, en Chile, aunque también se
nota cierta desaceleración, la proyección de expansión del PIB de 4,5-5% para
el próximo año sugiere que el país está desacoplándose del pesimismo externo.
El ritmo de expansión
de la demanda interna ha sorprendido a Autoridades y analistas. En su última
medición, las ventas minoristas crecieron 11,3% en agosto, comparadas con el
mismo mes del año anterior. Si bien esta cifra, mayor que la esperada, habla de
una economía interna dinámica y resistente a los riesgos externos, también
debería llamar a ciertas alertas.
Según el Banco
Mundial, entre 2007 y 2011, el consumo privado en Chile pasó de 57 a 60% del
PIB, registrándose las mayores alzas en los dos últimos años. Esta cifra no
sería preocupante, de no ser porque el consumo está mermando el ahorro. Así lo
muestra el creciente déficit de la cuenta corriente -2% del PIB-, que sigue en
niveles manejables, pero podría convertirse en un factor de riesgo para el
crecimiento si continúa expandiéndose. Esto fue reconocido por varios Consejeros
del Banco Central en su última reunión de política monetaria, donde ambas
variables (consumo y déficit de la cuenta corriente) fueron analizadas como
posibles factores de riesgo inflacionario y cambiario.
Pero el riesgo mayor
es caer en la autocomplacencia. Hay un síndrome que afecta a países como Chile,
conocido como "la trampa del ingreso medio", consistente en que sus
actores económicos se acostumbran a altas tasas de crecimiento, mientras el
aumento de los niveles de ingreso impulsan el gasto Fiscal, el consumo y el
sobreendeudamiento, al tiempo que se reduce la productividad. Un estudio del
Banco Mundial muestra que entre 1960 y 2008, apenas 13 economías lograron dar
el salto de países de ingreso medio a naciones desarrolladas, entre ellos Corea
del Sur y Taiwán. Precisamente la experiencia de estos países revela que la
única opción para escapar de esta "trampa" es una transformación de
la producción industrial, para dejar de ser exportadores de productos de poco
valor agregado y pasar a tener industrias especializadas. Esto, a su vez,
exigió inversión en mejor educación y un aumento de la productividad. Chile no
puede ignorar esta elocuente experiencia.
Elección directa de
Consejeros Regionales.
La descentralización
del país -y sus dimensiones económicas, financieras y, obviamente, políticas-
reaparece periódicamente en el debate público, incluyendo campañas y programas
de Gobierno, pero los avances son más bien tímidos. Tan sólo durante la
vigencia de la Constitución de 1980 se han planteado múltiples ideas para
abordarla, incluyendo la elección directa del Intendente y la creación de
Senados Regionales, entre otras. Ellas se chocan más o menos tácitamente con
las potenciales pérdidas de poder que conllevarían para los actuales actores
políticos o, incluso, con la erosión del concepto de Estado unitario, que ha
sido un principio de nuestro ordenamiento desde el fracaso de las leyes
federales de 1826.
Un cambio menor, en
los años 90, fue la aprobación de la elección indirecta de los Consejeros
Regionales, por los Concejales, modificado a su vez por la reforma
constitucional de 2009, que estableció su elección directa, haciendo así
"efectiva la participación de la ciudadanía Regional", y definiendo
al Consejo Regional como un "órgano de carácter normativo, resolutivo y
fiscalizador".
Ese mandato Constitucional
debía ser seguido de la legislación que abordara todas las definiciones que lo
hicieran viable en los hechos, lo que el actual gobierno plasmó en un proyecto
de ley que hoy se discute en particular en la Cámara de Diputados. Él contiene
materias como el sistema electoral para los Consejeros Regionales, la división
territorial para votar, la elección de un Presidente del Consejo Regional
distinto del Intendente, la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales,
la implementación de nuevos instrumentos de inversión, como el Fondo de
Desarrollo del Norte (Fondenor), y la promesa de un aumento gradual de recursos
descentralizados.
Dicha propuesta busca
entregar a los Gobiernos Regionales nuevas funciones y atribuciones,
reconociéndoles su derecho a diseñar e implementar, con efectiva autonomía del
Gobierno central, sus planes, políticas y programas de desarrollo, su
ordenamiento territorial y su desarrollo turístico. Así, entre otras funciones,
podrían coordinar los servicios públicos Regionales, administrar los fondos y
programas de aplicación general y fiscalizar el desempeño del Intendente como
representante del Presidente de la República.
Aunque se espera que
el sistema pueda funcionar a partir del próximo año, haciendo excepcionalmente
calzar la elección de Consejeros Regionales con la de Parlamentarios y
Presidente -en régimen, según el proyecto del Ejecutivo, debería coincidir con
la de Alcaldes y Concejales-, aún falta zanjar varias diferencias en la discusión
legislativa. Una de ellas es el sistema electoral: hay acuerdo en que sea
proporcional, pero el Ejecutivo promueve que los ciudadanos voten directamente
por los postulantes, en tanto que algunos Parlamentarios prefieren la opción de
una lista por pacto o partido. Otro asunto pendiente son los territorios sobre
cuya base serán escogidos los Consejeros: La Moneda propone que sea por Provincias,
pero los legisladores consideran que es un área demasiado extensa.
Estas y otras
desavenencias trasuntan las naturales resistencias a posibles pérdidas de poder
por Parlamentarios que temen ver amagada su posición por Consejeros Regionales
que podrían resultar electos con altas votaciones. Esta innovación
predeciblemente haría emerger nuevos liderazgos políticos y, aún más, podría
tener por efecto un aumento de los grados de fiscalización y exigencia de
transparencia para la actividad pública. Desde esta perspectiva, podría ser uno
de varios factores de renovación en la llamada clase política.
Atropellos a los DD.HH.
en Cuba.
La bloguera cubana
Yoani Sánchez -uno de los rostros visibles de la disidencia al régimen
castrista y corresponsal en la isla del diario El País de España- fue detenida
arbitrariamente el viernes, mientras se dirigía a la localidad de Bayamo (este
de Cuba) a cubrir el inicio del juicio contra el político español Angel
Carromero. Este fue acusado de homicidio involuntario tras protagonizar un
accidente automovilístico en el que falleció el líder opositor Oswaldo Payá,
hecho ocurrido en julio pasado.
Desde un comienzo, la
muerte del disidente ha estado plagada de dudas en cuanto a las circunstancias
que provocaron el accidente donde perdió la vida, manteniéndose hasta ahora la
incertidumbre en torno a si se debió a una mala maniobra del conductor o si
hubo participación de terceros en el incidente. Por ende, el inicio de este
proceso era la oportunidad que tenía el Gobierno de ese país para disipar las
interrogantes que han surgido respecto al episodio.
Sin embargo, una
serie de sucesos anómalos no hacen más que exacerbar esos cuestionamientos. Las
trabas impuestas por el régimen para impedir que la prensa internacional acceda
al desarrollo del juicio, que incluye arrestos injustificados como el que
afectó a Yoani Sánchez (hoy en libertad tras sufrir maltratos), y la negativa
de las Autoridades oficiales de autorizar a los familiares de Payá a estar
presentes durante la instancia judicial son muestras de que el Gobierno cubano
está empeñado en proceder con la opacidad que lo caracteriza, impidiendo así
que se pueda conocer públicamente la verdad.
Lo anterior deja en
evidencia, una vez más, la naturaleza dictatorial de un régimen que es incapaz
de reformarse a sí mismo y que, pese a vulnerar los derechos esenciales de sus
ciudadanos, incomprensiblemente sigue concitando apoyos en distintos puntos del
hemisferio, incluido Chile. Asimismo, resulta inexplicable que organismos
internacionales no hayan condenado el hecho ni defendido a Sánchez.
La frase del día:
“en los últimos tiempos hemos conocido, y con demasiada
frecuencia, abusos sexuales contra nuestros niños”, recordando que “en el mes
de junio promulgamos una ley que establece dos grandes mecanismos: una
inhabilidad perpetua para los que cometen delitos contra niños menores de 14
años, y temporal para los demás, de forma tal que quien comete un delito sexual
contra un niño menor de 14 años, tenga una inhabilidad de por vida de volver a
acercarse a esos niños, en los jardines infantiles, en las escuelas o en
cualquier otro lugar”.
Presidente Sebastián Piñera al lanzar en Ñuñoa el Registro de
Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores.
Piñera lanzó ayer el Registro de Inhabilidades para Condenados
por Delitos Sexuales contra Menores, video oficial de las palabras
Presidenciales:
VOTA EN LAS PROXIMAS MUNICIPALES,
si no lo haces no llores posteriormente…
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