¿Quién responde de la cesantía?
Juan Andrés Fontaine
Mientras las praderas de la economía mundial comienzan a reverdecer, en Chile nos adentramos a un frío invierno. Una tras otra, las estadísticas confirman que estamos en recesión y que el desempleo se ha disparado. ¿Por qué tanta cesantía?, ¿sirven las medidas del gobierno?, ¿quién se hace cargo del fracaso?
Digámoslo con claridad: esta Gran Recesión que azota a la economía mundial nos está haciendo más daño de lo que cabía esperar. Aunque la crisis externa es de inusitada severidad, Chile debería haberse defendido mejor, porque cuenta con precios todavía muy convenientes en sus exportaciones (el cobre es hoy, en términos reales, el doble de lo que fue durante la crisis asiática), accede a intereses y a otras condiciones de financiamiento externo sumamente atractivos (por cierto, muchísimo mejores que en las recesiones anteriores, de 1999 y 1982), y dispone de abundantes ahorros y reservas acopiadas precisamente para encarar en buena forma una temporada de vacas flacas. Si la economía está cayendo a un ritmo semejante al del promedio mundial, no es sino porque durante la bonanza dejamos escapar la oportunidad para dar el salto en inversión, innovación y productividad que nos permitiría crecer vigorosamente en base a nuestros propios medios y con prescindencia de los avatares del ciclo mundial.
La recesión nos ha traído desempleo masivo, cual crónica de un desastre anunciado. Según las cifras del INE, a marzo pasado ya había 670 mil trabajadores desocupados, y eso que los planes de empleo del gobierno daban trabajo temporal a otros 150 mil.
En los meses más álgidos del invierno, la tasa de desempleo abierto puede elevarse hasta el 11% de la fuerza laboral y afectar a 800.000 chilenos. Es cierto que la pandemia del desempleo hoy se extiende por el planeta entero. Pero su incremento en Chile, aunque inferior al observado en EE.UU., epicentro de la crisis, ha sido tan grave como el de Europa, cuya recesión se estima más fuerte que la nuestra, y superior al registrado, por ejemplo, en Brasil, Colombia y México.
No debería sorprendernos la virulencia con que nos está golpeando el flagelo de la cesantía. Ya lo habíamos visto durante la recesión de 1999 con la que el ex Presidente Frei concluyó su mandato. En esa oportunidad, también la economía sufrió una recesión de mediana gravedad, pero su costo en puestos de trabajo perdidos y consiguiente elevación del desempleo fue inusitadamente alto y prolongado. La lección que extrajeron los expertos es que algo anda mal con nuestro mercado laboral. Que exacerba el desempleo durante las recesiones y retarda mucho la recuperación del empleo durante las reactivaciones. Diez años más tarde, y dos gobiernos mediante, estamos tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes, y sus tan celebrados equipos económicos, no han hecho nada —entiéndase bien: absolutamente nada— para corregir las graves fallas estructurales de nuestro mercado laboral.
No es que los técnicos de la Concertación discrepen del diagnóstico. Muchos de sus más connotados economistas han propuesto reformas bien orientadas. Pero el cálculo político de los mandamases de la coalición gubernamental ha dictaminado que el país no está aún preparado para ello. El resultado es que nuestra flamante economía cojea en lo que más importa, en dar a todos buenas oportunidades de trabajo y progreso.
La causa del desempleo masivo actual es que los costos laborales no son suficientemente flexibles como para adaptarse a las condiciones de un mercado en recesión. Por ejemplo, durante el primer trimestre del año, aunque la actividad económica cae 2% respecto de igual período del año anterior, los salarios reales suben en 2%. Por eso, los costos laborales unitarios han aumentado en casi 4% y los rigores de la competencia obligan a las empresas a reducir personal.
Como nuestra legislación es rígida en cuanto a las causas del despido, ellos suelen efectuarse de manera masiva durante las recesiones, porque entonces es fácil esgrimir la causal de necesidades de la empresa. Además, las regulaciones dificultan las modificaciones contractuales de la remuneración o la duración de la jornada que permitirían a los empleadores ahorrar costos durante períodos de paralización o disminución temporal de faenas. Estas rigideces agudizan el desempleo durante las recesiones y demoran en exceso la recontratación de los trabajadores afectados. En 1999, la tasa de desempleo nacional subió desde 6% a 10% y tardó siete años en bajar a un dígito. Ni siquiera en la bonanza de mediados de la década pudo regresar a los mínimos de diez años antes.
Aunque hasta ahora el mundo político ha prestado oídos sordos, las recetas técnicas para reparar la falla han sido ampliamente debatidas. Es necesario, por ejemplo, reformar el sistema de indemnización por años de servicio para los nuevos contratos laborales y reforzar el seguro de cesantía, como vuelve a proponer el reciente informe de la OCDE sobre nuestra legislación laboral. La introducción de mecanismos de flexibilización de los costos laborales durante los tiempos de recesión también ha sido planteada por diversos expertos desde los tiempos de la crisis asiática. Por eso es saludable la reciente iniciativa tripartita, conformada por el gobierno, la CUT y la CPC más la Conapyme, de concordar un conjunto de medidas contra el desempleo, que podría inaugurar un nuevo y fecundo enfoque en la materia.
El anunciado acuerdo por el empleo, la capacitación y la protección social tienen gran importancia simbólica. Para prevenir el mal mayor del desempleo, los principales representantes del movimiento sindical concuerdan con introducir mecanismos de flexibilización salarial. Específicamente, el acuerdo autorizaría una suerte de permiso sin sueldo (por no más de 5 meses) que permite a las empresas rebajar temporalmente sus costos laborales y da a los trabajadores que lo acepten la posibilidad de mantener 50% de su sueldo previo más capacitación, con cargo a los fondos individuales y solidarios del seguro de cesantía, así como de un aporte adicional del empleador.
Aunque la medida anunciada es valiosa, no basta. En lugar de introducir una válvula permanente de flexibilidad, se establece sólo por un año. Es innecesariamente rígida, pues no permite reducciones parciales de la jornada laboral, que podrían acomodar mejor las necesidades de las empresas y sus trabajadores. Es tardía, porque pretende desalentar los despidos, luego que durante el primer trimestre ya se destruyeron en términos netos 130 mil puestos de trabajo. Lo más importante hoy es estimular las nuevas contrataciones. Para ello, es necesario volver a encender la confianza en nuestro potencial de crecimiento económico, y eso, ciertamente, exige una mirada que vaya mucho más allá de la coyuntura.
Nota de la Redacción:
Por considerar que esta columna de Juan Andrés Fontaine clarifica y aterriza los conceptos de los economistas, hemos reemplazado por el nuestra edición normal, llamando a nuestros amigos y amigas a meditar sobre los conceptos con que este economista da cuenta, en un lenguaje comprensible de la cruda realidad que está viviendo el país y en especial los trabajadores, con altísimos costos sociales en desempleo.
Recomendamos de manera muy especial revisar la secuencia de videos sobre las actividades de Fidel Castro y su familia, las relaciones con Chile y los "amigos" con que cuentan en nuestro país. La serie comienza con el vídeo con que encabezamos la edición y continua con los que se reproducen al pinchar los lincks que insertamos a continuación y que son sumamente "instructivos":
