Piñera en Arica.
El Presidente Piñera se reunió ayer en la mañana con el Gabinete Regional de Arica-Parinacota para delinear las primeras iniciativas de este nuevo Plan Estratégico para esta importante zona fronteriza, anunciando que en los cuatro años de su Gobierno se hará la mayor inversión de la historia, que considera 810 millones de dólares en inversión pública y se estima que habrá una inversión privada de 670 millones de la verde moneda.
El plan anunciado por el Mandatario está basado en seis ejes, Empleo y desarrollo productivo, seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, infraestructura en materia de conectividad y agua potable, salud y medio ambiente, educación y pobreza.
Como motores de desarrollo productivo y para la generación de empleo en la Región s en Mandatario estableció que en la minería se invertirán 500 millones de dólares. La agricultura, se habilitarán mil nuevas hectáreas estará basada en la producción de semillas. Para el turismo se revisará y modificará la situación de los cruceros a nivel nacional y por último el hacer atractivas y competitivas las inversiones privadas en la Región, con un plan de estímulo Fiscal, para que pueda competir con Tacna.
Escuchando a la comunidad ariqueña el Presidente dijo que se estaba haciendo gestiones con Chilevisión, aunque él se ha retirado totalmente de la propiedad de la empresa, para que se pueda transmitir en directo para la zona el Festival de Viña del Mar, al que Arica y Parinacota no tienen acceso porque el canal de televisión abierta no llega a esa Región.
Misa Fúnebre y sepultación de Monseñor Valech.
El Cardenal Arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, presidió en la Catedral Metropolitana la misa fúnebre por el descanso de monseñor Sergio Valech Aldunate, ex vicario de Vicaría del Solidaridad, que falleció el miércoles, a los 83 años, víctima de un cáncer pulmonar.
A la ceremonia asistió el Presidente Sebastián Piñera, que llegó desde el Aeropuerto de Santiago, procedente de Arica, el Presidente del Senado, Jorge Pizarro, la Presidente de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, el Presidente de la Corte Suprema, Minton Juica.
El Gobierno se hizo presente por muchas Autoridades, encabezadas por los Ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de la Secretaría General de Gobierno, Ena Von Baer. La concertación se vio representada por Angela Jeria, la madre de Bachelet, y la ex Ministro Patricia Poblete.
Entre quienes formaron la guardia de honor al féretro conteniendo los restos mortales de Monseñor Valech, destacamos al Diputado, PPD, y al Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Raúl de la Puente, del partido socialista.
Romy Schmidt, Directora del Museo de la Memoria (¿?), se quejó que las vallas papales y la policía, presuntamente bajo órdenes de “ciertos sectores de la Iglesia católica, no le permitieron llegar a la misa, de la que advirtió se hizo lo posible porque no participara en representación de esa institución.
En la tarde la urna conteniendo los restos mortales de Monseñor Sergio Valech fue trasladada al Cementerio General de Santiago, en la Comuna de Recoleta, donde fue sepultado, a petición del propio difunto, en la cripta de su familia en ese campo Santo.
Vocera defendió viaje de Piñera al Perú.
La Ministro de la Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, defendió la determinación del Presidente Piñera de viajar al Perú, lo que ha sido ácidamente criticado por algunos personeros opositores que consideraron la visita de Estado como inadecuada.
Von Bear dijo que "Las críticas llaman un poco la atención, porque la tradición que nosotros tenemos en Chile es que las relaciones exteriores las fija el Presidente de la República, pero son políticas de Estado y en general siempre hemos actuado con unidad frente a las relaciones exteriores".
La Secretaria de Estado indicó que "esperamos que tal como lo han dicho otros dirigentes de la oposición, actuemos siempre en las relaciones exteriores con unidad". Cabe recordar que cuando los actuales Gobernantes fueron oposición siempre se alinearon tras el Gobierno en materias internacionales.
Denunciantes no apelarán en caso Karadima.
El caso Karadima, por supuestos abusos sexuales, tuvo ayer otro giro al cerrarse el sumario contra el sacerdote, por el juez Leonardo Valdivieso, del 10° Tribunal del Crimen, sin procesamientos por estimar que no había suficientes pruebas para acusarlo.
En un artículo publicado por el New York Times, los cuatro demandantes -James Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y Fernando Batlle- explicaron que tomaron la decisión- de no apelar al fallo- por estar decepcionados de la Justicia chilena.
Los acusadores dijeron que los abogados defensores de Karadima “tienen a la Corte de Apelaciones y a la Suprema comiendo de sus manos, y un número de personas poderosas que siguen protegiendo a Karadima, sabíamos que esto iba a ser algo muy cuesta arriba y que posiblemente perderíamos”.
El abogado de los acusadores, Juan Pablo Hermosilla, declaró que “ellos están decepcionados, cansados y enojados, y sienten que han hecho todo lo que podemos hacer” y que el objetivo era “encender la luz y mostrar lo que Karadima ha hecho todos estos años”, lo que consideran logrado.
“Nosotros confiamos en que el Vaticano actuará correctamente", dijo Juan Carlos Cruz, querellante que dijo haber sido abusado por Karadima cuando era un adolescente. “Hemos hecho todo lo posible, exponiendo nuestras vidas y reviviendo los abusos, a un enorme costo personal y emocional”.
Una mala noticia para los santiaguinos.
A contar del lunes, y de manera indefinida, los trabajadores del Metro de Santiago, afiliados al Sindicato Nacional de Conductores Trabajadores del Metro de Santiago, van a paro reclamando que a 450 funcionares se les pase el 30% de la remuneración variable a sueldo base y un aumento de 20 mil pesos para el resto de los trabajadores.
Esperamos que el plan de contingencia que dice tener la empresa, que habría capacitado a unos 150 funcionarios administrativos para que manejen los convoyes no deje la ciudadanía inmovilizada, pues se sobrecargaría, de una manera insoportable el sistema de buses de Transantiago y crearía serios problemas a los trabajadores.
La Teleserie de la ANFP continúa el 7 de diciembre.
La vergonzosa Teleserie de las elecciones de la ANFP continúa el 7 de diciembre, que consideramos no puede continuar por el inmenso desprestigio que aporta al país y al fútbol chileno, en el Consejo de Presidentes del próximo 7 de diciembre en el Consejo de Presidentes, a la que no está invitado el inhabilitado Jorge Segovia.
Harold Mayne- Nicholls, periodista y comisario de la FIFA, ha demostrado escasa capacidad para resolver las diferencias y una absoluta falta de visión al no prever la crisis que le llevó a la derrota, a demás de una prepotencia brutal con la que intentó chantajear a los clubes disidentes manipulando con la permanencia o renuncia de Bielsa dependiendo de quien ganara.
Ayer, Mayne- Nicholls, que se había escabullido del tema y habló en Argentina, asegurando que “El Directorio ha determinado que el señor Segovia infringía algunos de los requisitos, y por lo tanto fue inhabilitado. Quien será el nuevo Presidente, yo no podría decirlo, sino que la lista que ganó es quien deberá determinar al Presidente”.
No somos particularmente seguidores del deporte del balompié, pero, creemos que el Directorio ha actuado con absoluta falta de transparencia, los que acompañaban a Mayne- Nicholls en su postulación, por lo que fueron derrotados con él, son mayoritariamente el “Directorio”, que inhabilita al ganador, en lo que parece una venganza personal de Mayne- Nicholls.
Esperamos que los Presidentes de los Clubes, en la reunión del 7 de diciembre, citada por el Directorio, decidan actuar con decencia, reconozcan el triunfo del español y dejen de aferrarse a un “resquicio legal”, desestimando inclusive el informe de la Comisión Jurídica, dejando de dar el bochornoso espectáculo orquestado por Mayne- Nicholls.
Wikileaks vuelve a la carga.
El Portal de Internet Wikileaks anunció el lunes que en breve difundirá otra serie de actas secretas, siete veces mayor que las publicadas en octubre sobre Irak, que el Gobierno de Estados Unidos considera que “La publicación de documentos secretos es perjudicial para Estados Unidos y para nuestros intereses”.
El Gobierno de USA teme que las nuevas filtraciones anunciadas recientemente por Wikileaks le traigan problemas diplomáticos con sus aliados, por lo que ha informado a los Gobiernos del de Reino Unido, Canadá, Australia, Israel, Dinamarca y Noruega del tipo de documentos que saldrán a la luz con la publicación de este Portal.
Según "The Wall Street Journals" incluirían fragmentos de la correspondencia de los detenidos en la prisión estadounidense de Guantánamo o datos sobre casos de corrupción, mientras el periódico israelí "Haaretz" aseguró que las revelaciones serán también incómodas para Israel.
Violencia en Rio de Janeiro.
El Gobierno del Presidente Luis Inacio Lula da Silva se comprometió a dar toda la ayuda del Gobierno Federal para el ataque de este Estado contra las bandas de narcotraficantes que se han apoderado de esa hermosas ciudad balneario, lucha que también recibió el respaldo de la Presidente electa, Dilma Rousseff.
Las fuerzas policiales, que están siendo apoyadas por cientos de militares y navales y recibirán también el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea, capturaron una de las favelas más complejas, Vila Cruzeiro, y se aprestan a cercar el complejo Alemao, donde se habrían refugiado unos mil sicarios de las bandas de narcotraficantes.
El balance con que se pueden resumir estos 6 días de fuerte enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las pandillas criminales es de 40 narcos muertos, unos 190 allegados a las mafias detenidos y 100 vehículos, especialmente de locomoción colectiva, incendiados por las pandillas para aterrorizar a la ciudadanía.
La ciudadanía tiene dos temores, el primero que la ocupación de las favelas en que los narcos se han hecho fuertes sea solo momentánea, como ha ocurrido en otras oportunidades, y que después de la evacuación de las tropas haya nuevos ataques de los “bandidos”, recelando que puedan los delincuentes tomar duras represalia contra los pobladores.
Calendario penúltima fecha del campeonato
nacional de Fútbol profesional.
La Fecha se inició con el partido entre Unión San Felipe y Unión Española, que ganaron los hispanos por 4 goles a 2, dando vuelta un encuentro que perdían por 2-0 a los 21 minutos del primer tiempo.
Jornada sabatina:
| Cobreloa vs. Universidad Católica |
| Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers |
| Everton vs. Audax Italiano
Jornada dominical
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| O'Higgins vs. Colo Colo |
| Cobresal vs. La Serena |
| Palestino vs. San Luis Quillota |
Santiago Morning vs. Huachipato Universidad de Chile vs.Ñublense
Esta será una fecha crucial para los dos equipos que se pelean la copa de campeón, los cruzados de la UC y los albos, pero, también será de vital importancia pues entre Ñublense, Everton, con 34 puntos, y Santiago Morning, con 35 unidades, se deberá definir el segundo cupo de descenso automático.
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Un comentario para meditar:
¿Tecnócratas vs. políticos?, por Alejandro Ferreiro.
¿Era bueno construir el puente sobre el Canal del Chacao o perseverar en el plan de desarrollo ferroviario hacia el sur del país? ¿Es posible someter el discernimiento acerca del mérito de estas opciones a metodologías objetivas y concluyentes?
En general, y desde hace muchas décadas, la evaluación de los proyectos de inversión pública busca garantizar que las iniciativas propuestas satisfagan mínimos umbrales de rentabilidad social. Se podrá discutir y, necesariamente, modernizar, dicha metodología, pero indudablemente nuestro sistema de evaluación de proyectos busca garantizar que estos sean, más que “políticamente” rentables para sus impulsores, socialmente beneficiosos. Y esta precaución es imprescindible: muchas veces obras espectaculares y grandiosas contribuyen más a la gloria de quienes se sacan la foto en torno a ellas, que a mejorar las condiciones de vida de la población. Este último objetivo, norte al que debieran aspirar sin reservas los servidores públicos, sólo se honra de buena manera cuando se les dan a los recursos públicos los fines que mayor rentabilidad social generan, lo que obliga a comparar todo proyecto con el mejor uso alternativo de esos recursos.
Es cierto, la evaluación social previa de los proyectos —cuando no queda reducida a mero trámite formal— se puede erigir en límite incómodo para un voluntarismo político que nunca estará huérfano de apoyos importantes en la opinión pública, sin los cuales, por cierto, tales proyectos no serían planteados.
Algunos ven en la reflexión anterior una manifestación tecnocrática que desconoce las reglas de la política. Quizás. Pero en tal caso, dichas reglas no serían dignas de mayor respeto o consideración. Sostener la primacía de una rigurosa evaluación social de proyectos es preferir las buenas políticas públicas por sobre las que no lo son, equivale a garantizar que los recursos fiscales optimicen su impacto positivo en quienes más lo necesitan y ayuda a evitar la captura de los recursos y políticas públicas por quienes los utilizan como plataforma de popularidad personal o partidista. Y como los sectores más marginados carecen de voz y lobby, casi siempre serán mejor servidos por un sistema de evaluación de proyectos que pondere adecuadamente el impacto de las políticas en quienes menos tienen, que en un proceso más “político” de toma de decisiones que suele ser vulnerable a la presión de grupos organizados.
Con todo, en un sistema democrático gobiernan los elegidos, y no las metodologías de evaluación. Por eso, la última palabra la tendrá siempre la jefatura de gobierno y podrá, si le parece, saltarse los resultados de los estudios previos y preferir otras opciones de política. La democracia es así. Pero la democracia también exige rendición de cuentas y los que gobiernan deberán explicar las razones tenidas para apartarse del camino sugerido por las evaluaciones realizadas. A un gobierno democrático le está permitido discernir, ponderar y preferir opciones distintas a las “técnicamente” procedentes. Pero la carga de la prueba y las explicaciones será pesada para quienes prefieran desatender las recomendaciones de los estudios.
En suma, Chile no sufre de exceso de evaluaciones sobre la calidad de las políticas. Más bien nos falta ampliar la práctica de medir la rentabilidad social e impacto efectivo de todas las políticas públicas en curso, de modo de verificar que los objetivos tenidos en cuenta al momento de su puesta en marcha se cumplan efectivamente, permitiendo así correcciones oportunas. Hoy esa función la realiza la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, pero mucho se podría ganar independizando la evaluación de quienes, finalmente, son los responsables de la distribución del gasto público.
Chile ingresó a la OECD porque entre sus credenciales de postulación exhibió un récord positivo en cuanto a la calidad de sus políticas. Muchos estudiantes latinoamericanos de políticas públicas se acercan a Chile para aprender lo que, en otras latitudes, se echa de menos. Si Chile ha logrado avanzar en las últimas décadas es porque ha sabido diseñar e impulsar buenas políticas públicas. Ningún país de la región tiene los resultados que Chile exhibe en aumento de productividad y disminución de la pobreza. Al parecer, los hechos demuestran que la relación entre políticos y tecnócratas ha sido más fecunda y armoniosa que lo que algunos debates estridentes y polarizantes parecen sugerir.
¿Era bueno construir el puente sobre el Canal del Chacao o perseverar en el plan de desarrollo ferroviario hacia el sur del país? ¿Es posible someter el discernimiento acerca del mérito de estas opciones a metodologías objetivas y concluyentes?
En general, y desde hace muchas décadas, la evaluación de los proyectos de inversión pública busca garantizar que las iniciativas propuestas satisfagan mínimos umbrales de rentabilidad social. Se podrá discutir y, necesariamente, modernizar, dicha metodología, pero indudablemente nuestro sistema de evaluación de proyectos busca garantizar que estos sean, más que “políticamente” rentables para sus impulsores, socialmente beneficiosos. Y esta precaución es imprescindible: muchas veces obras espectaculares y grandiosas contribuyen más a la gloria de quienes se sacan la foto en torno a ellas, que a mejorar las condiciones de vida de la población. Este último objetivo, norte al que debieran aspirar sin reservas los servidores públicos, sólo se honra de buena manera cuando se les dan a los recursos públicos los fines que mayor rentabilidad social generan, lo que obliga a comparar todo proyecto con el mejor uso alternativo de esos recursos.
Es cierto, la evaluación social previa de los proyectos —cuando no queda reducida a mero trámite formal— se puede erigir en límite incómodo para un voluntarismo político que nunca estará huérfano de apoyos importantes en la opinión pública, sin los cuales, por cierto, tales proyectos no serían planteados.
Algunos ven en la reflexión anterior una manifestación tecnocrática que desconoce las reglas de la política. Quizás. Pero en tal caso, dichas reglas no serían dignas de mayor respeto o consideración. Sostener la primacía de una rigurosa evaluación social de proyectos es preferir las buenas políticas públicas por sobre las que no lo son, equivale a garantizar que los recursos fiscales optimicen su impacto positivo en quienes más lo necesitan y ayuda a evitar la captura de los recursos y políticas públicas por quienes los utilizan como plataforma de popularidad personal o partidista. Y como los sectores más marginados carecen de voz y lobby, casi siempre serán mejor servidos por un sistema de evaluación de proyectos que pondere adecuadamente el impacto de las políticas en quienes menos tienen, que en un proceso más “político” de toma de decisiones que suele ser vulnerable a la presión de grupos organizados.
Con todo, en un sistema democrático gobiernan los elegidos, y no las metodologías de evaluación. Por eso, la última palabra la tendrá siempre la jefatura de gobierno y podrá, si le parece, saltarse los resultados de los estudios previos y preferir otras opciones de política. La democracia es así. Pero la democracia también exige rendición de cuentas y los que gobiernan deberán explicar las razones tenidas para apartarse del camino sugerido por las evaluaciones realizadas. A un gobierno democrático le está permitido discernir, ponderar y preferir opciones distintas a las “técnicamente” procedentes. Pero la carga de la prueba y las explicaciones será pesada para quienes prefieran desatender las recomendaciones de los estudios.
En suma, Chile no sufre de exceso de evaluaciones sobre la calidad de las políticas. Más bien nos falta ampliar la práctica de medir la rentabilidad social e impacto efectivo de todas las políticas públicas en curso, de modo de verificar que los objetivos tenidos en cuenta al momento de su puesta en marcha se cumplan efectivamente, permitiendo así correcciones oportunas. Hoy esa función la realiza la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, pero mucho se podría ganar independizando la evaluación de quienes, finalmente, son los responsables de la distribución del gasto público.
Chile ingresó a la OECD porque entre sus credenciales de postulación exhibió un récord positivo en cuanto a la calidad de sus políticas. Muchos estudiantes latinoamericanos de políticas públicas se acercan a Chile para aprender lo que, en otras latitudes, se echa de menos. Si Chile ha logrado avanzar en las últimas décadas es porque ha sabido diseñar e impulsar buenas políticas públicas. Ningún país de la región tiene los resultados que Chile exhibe en aumento de productividad y disminución de la pobreza. Al parecer, los hechos demuestran que la relación entre políticos y tecnócratas ha sido más fecunda y armoniosa que lo que algunos debates estridentes y polarizantes parecen sugerir.
